Propone un marco general para el desarrollo, la implementación y el uso de sistemas de IA con cuatro niveles de riesgo, la prohibición de los de riesgo máximo (entre ellos la manipulación subliminal y la clasificación de la fiabilidad de las personas por su conducta social cuando provoque un trato perjudicial injustificado o desproporcionado) y una Autoridad de Supervisión y Fiscalización de la IA (ASFIA), dependiente del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, con un registro público de sistemas de riesgo elevado o máximo.
El proyecto niega a la IA personalidad jurídica y remite la responsabilidad civil o penal a las reglas de atribución de las leyes civiles y penales.
También garantiza el acceso a la justicia ante daños causados por sistemas de IA y no contiene reglas para los jueces.
Repone, con el mismo texto, el PL-558/2024-2025, que la Cámara archivó.
"La Inteligencia Artificial no tendrá personalidad jurídica, tampoco podrá ser considerada sujeto de derecho."
art. 25, página 19 del texto oficial