Colombia no tiene una ley de inteligencia artificial, y sin embargo ya tiene reglas que la gobiernan

Quien busca la norma colombiana de inteligencia artificial no encuentra una ley, y concluye que no hay nada. Lo que hay son nueve piezas dispersas entre un acuerdo de la Rama Judicial, una circular de la autoridad de datos, documentos de política, decretos del sector de tecnologías y resoluciones sectoriales, y juntas ya deciden qué puede hacer un juez, qué puede hacer una entidad pública y qué puede hacer quien trata datos personales para entrenar un sistema.

Esta sección las reúne. De cada una se dice qué ordena sobre inteligencia artificial, no de qué trata en general, y va con el enlace a la fuente oficial y, cuando existe, al texto consolidado que permite ver su vigencia. Cada pieza fue leída en su texto antes de resumirla.

Aquí no entra ninguna providencia: las decisiones judiciales viven en el observatorio, que es una colección distinta y se cita distinto. La única excepción es la T-323 de 2024, que aparece señalada como lo que es, porque sin ella no se entiende el Acuerdo que vino después.

Las piezas salieron de un barrido por frase exacta en el normograma de la Superintendencia Nacional de Salud, que compila normas de muchas entidades, y de la biblioteca de la casa. Ese barrido devolvió cuarenta y seis documentos que nombran la inteligencia artificial: nueve la regulan de verdad y el resto la menciona de paso, al citar un documento de política o al enumerar tecnologías. Los descartados no se publican para no inflar la lista.

Falta lo que ninguna fuente entrega todavía por palabra: las resoluciones sancionatorias de las superintendencias, que son actos administrativos y no están en los índices abiertos, y el trámite legislativo en curso. El barrido corre todos los días y lo que aparezca entra aquí.