인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 (Ley Marco sobre el Desarrollo de la Inteligencia Artificial y la Creación de una Base de Confianza), Ley n.º 20676, en su texto vigente reformado por la Ley n.º 21311 de 2026

Fija el marco básico para desarrollar la IA en Corea y crear confianza en ella, con un plan básico trienal, un Comité Nacional de Estrategia de IA presidido por el Presidente de la República, un centro de políticas y un instituto de seguridad de la IA, y fija como principio que las personas afectadas puedan recibir, en lo técnica y razonablemente posible, una explicación clara y significativa de los principales criterios y principios usados para llegar al resultado.

Obliga a los operadores a avisar de antemano que un producto o servicio funciona con IA de alto impacto o generativa, a indicar que un resultado fue generado por IA generativa, a advertir con claridad cuando sonidos, imágenes o videos sean difíciles de distinguir de la realidad y a gestionar los riesgos de los sistemas cuyo cómputo acumulado de entrenamiento alcance o supere el umbral que fije el decreto presidencial, y a quienes ofrecen IA de alto impacto (la usada, entre otros ámbitos, en energía, salud, identificación biométrica para investigaciones penales, contratación y crédito, y decisiones públicas que afectan a los ciudadanos) les exige gestión de riesgos, explicación, protección de usuarios y supervisión humana.

Castiga con multas administrativas de hasta 30 millones de wones la falta del aviso previo, la falta de representante en el país y el incumplimiento de las órdenes de cese o corrección, y excluye de su ámbito la IA desarrollada o usada solo para la defensa o la seguridad nacional que determine el decreto presidencial.

La reforma de 2026 dio al comité su nombre actual, ordenó a las entidades públicas considerar de preferencia productos y servicios de IA en sus compras y agregó la participación en las políticas de IA de las personas con dificultades para usarla y la posibilidad de subsidiar su costo a quienes no pueden pagarlo, y la ley no trae reglas dirigidas a los jueces ni a la administración de justicia.