Propone principios éticos comunes para el uso de la IA en los poderes judiciales iberoamericanos (derechos humanos, protección de datos, supervisión humana, no discriminación, transparencia, claridad, seguridad, proporcionalidad y rendición de cuentas), junto con el registro de la actividad de los sistemas, la evaluación de riesgos previa, el monitoreo continuo, las auditorías y un Consejo de Monitoreo consultivo de la Cumbre.
Para los jueces propone que la IA sea solo apoyo a la decisión, que la decisión final les corresponda siempre y que la motivación incluya la referencia a los elementos aportados por la IA cuando se haya usado, y recomienda evitarla en la predicción de decisiones penales.
"La decisión final debe siempre corresponder al juez, basada en su análisis crítico, independientemente de la asistencia proporcionada por la IA."
artículo 18.º, numeral 5, página 12 del texto oficial
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