Proponía un marco de regulación y promoción de la IA a cargo de la autoridad nacional de las tecnologías de la información y la comunicación, con funciones también para la autoridad de protección de datos personales.
Para la justicia preveía el uso responsable de la IA en la automatización de procesos, la asistencia en la toma de decisiones y la analítica predictiva, con salvaguardas de equidad, no discriminación, debido proceso y supervisión humana, y un observatorio ciudadano de IA y justicia.
Unificado con el proyecto 453516, el Pleno lo archivó el 15 de septiembre de 2026 con base en un informe que pidió instrumentos de gobernanza adaptativos y advirtió sobre el riesgo de una regulación rígida y sobre el aumento del gasto público que traerían las nuevas atribuciones del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Protección de Datos Personales.
"Se establecerán salvaguardias para garantizar la equidad, la no discriminación, el debido proceso y la supervisión humana en el uso de sistemas de IA en la justicia"
art. 63, página 68 del texto oficial