Propone limitar el uso de la IA por los servidores judiciales a funciones de apoyo (gestión procesal, análisis documental y organización de información) y prohibir que sustituya la valoración de la prueba, la motivación de las decisiones o la potestad jurisdiccional.
El texto exigiría dejar constancia en la actuación de la herramienta usada, su finalidad y el alcance de la asistencia, y haría responsables a jueces, fiscales y servidores de verificar la veracidad, pertinencia y legalidad de lo generado.
También agregaría el uso indebido de IA al artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial y, con una reforma al Código Orgánico General de Procesos, facultaría al juez para exigir a las partes que aclaren o verifiquen la información de sus escritos cuando haya indicios de que se generó con IA sin verificarse.
"En ningún caso la inteligencia artificial podrá sustituir la valoración de la prueba, la motivación de las decisiones judiciales ni el ejercicio de la potestad jurisdiccional."
art. 32.3 que el proyecto agrega al Código Orgánico de la Función Judicial, página 11 del texto oficial