Propone clasificar la IA por niveles de riesgo y prohibir los sistemas destinados a prácticas de riesgo inaceptable, como la manipulación subliminal o la calificación social por entidades públicas.
El texto califica de alto riesgo los sistemas usados en la administración de justicia y exige a sus responsables gestión de riesgos, prevención de sesgos, documentación técnica y "supervisión humana apropiada".
También obligaría a las entidades públicas que usen sistemas de alto riesgo para decidir sobre personas a publicar su finalidad, sus criterios generales de funcionamiento y los mecanismos de reclamo.
"Sistema de alto riesgo: sistema cuyo uso pueda afectar significativamente derechos fundamentales, seguridad, salud, educación, empleo, acceso a servicios públicos o administración de justicia."
art. 4, numeral 5, página 7 del texto oficial