Se aplica a los miembros, magistrados y personal del Conseil d'État, de las cortes administrativas de apelación, de los tribunales administrativos, de la Corte Nacional del Derecho de Asilo y del Tribunal del estacionamiento de pago, y permite usar sistemas de IA externos, a los que no se prohíbe el acceso desde los computadores de trabajo, como herramienta que asiste pero nunca decide.
Prohíbe usar la IA para interpretar el derecho o la jurisprudencia, establecer o apreciar los hechos, aplicar la regla al caso, razonar jurídicamente o proponer la solución de un litigio, exige verificar siempre lo que produce, hace responsable a quien incorpora su contenido y prohíbe verter en sistemas externos documentos amparados por un secreto, como memoriales, piezas de los expedientes, notas del ponente o proyectos de decisión, de modo que a un sistema externo solo puede entregarse información pública.
Excluye los sistemas de alto riesgo del Reglamento europeo, compromete a la jurisdicción a publicar qué sistemas propios desarrolle, para qué usos y con qué garantías de control humano, y considera conveniente que, si algún día la IA se usa en documentos administrativos dirigidos a los usuarios del servicio de justicia, como cartas o correos, se les informe cómo se usó y que una persona verificó el contenido, pero no exige a los jueces declarar el uso de IA en sus decisiones.
"en toute hypothèse, aucune décision de justice ne saurait être prise de manière automatisée et sans contrôle humain."
Traducción de la revista: "en todo caso, ninguna decisión judicial puede tomarse de manera automatizada y sin control humano."
apartado 1, epígrafe sobre las apreciaciones que deben seguir siendo humanas, página 7 del texto oficial. En francés, como está en el original