Desarrolla la política de IA que ordena el artículo 74 de la Ley 20.212 con diez principios rectores y tres ejes (gobernanza, capacidades para la IA y desarrollo sostenible), y prevé marcos regulatorios con enfoque de riesgo, la evaluación de prohibiciones o moratorias para usos inaceptables y supervisión humana sobre los resultados cuando la IA apoye decisiones.
Declara que sus principios no crean obligaciones jurídicas nuevas e incluye un plan de formación con acciones específicas para el sistema de justicia.
"la piedra angular para el despliegue de una política pública de IA"
introducción, página 6 del texto oficial