Propone un marco de gobernanza adaptativa para los sistemas de IA que influyan de manera significativa en decisiones sobre derechos, oportunidades o acceso a servicios de las personas.
El texto aprobado gradúa las obligaciones por niveles de impacto, somete los de impacto crítico a "restricciones estrictas, autorización especial o prohibición", exige supervisión humana significativa en las decisiones de impacto alto y crítico, reconoce el derecho a explicación y revisión de las decisiones asistidas por IA que afecten derechos fundamentales y pide salvaguardas reforzadas a las entidades públicas.
La Asamblea lo aprobó en tercer debate el 19 de agosto de 2026 y lo envió al Órgano Ejecutivo el 26 de agosto de 2026, y su texto aprobado regiría desde su promulgación.
El 28 de septiembre de 2026 el Presidente de la República lo devolvió a la Asamblea sin sanción, con una objeción parcial por inexequible en el artículo 15 (cláusulas de experimentación regulatoria) y por inconvenientes en los artículos 2, 6, 7, 15, 19, 20, 21, 22, 23 y 31, este último por poner la vigencia desde la promulgación sin período de adecuación.
"Las personas tendrán derecho a recibir información clara, comprensible y contextualizada sobre decisiones asistidas por inteligencia artificial que les afecten sus derechos fundamentales"
art. 10 del texto aprobado en tercer debate, página 45 del texto oficial