Aprueba la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que opta por una regulación ágil basada en riesgo y en espacios controlados de prueba.
Para los sistemas que afecten la vida, la libertad o servicios esenciales, entre ellos los "algoritmos judiciales de sentencia", exige evaluaciones de impacto ético y supervisión humana, y prevé que las personas sepan cuándo una decisión que las afecta se basa en IA, puedan pedir explicaciones y cuenten con la posibilidad de que una persona la revise o la modifique.
Prevé además que la Comisión de Tecnologías Críticas y Emergentes proponga unos Lineamientos Nacionales de Gobernanza de IA.
"Los sistemas de IA que afecten la vida, la libertad o servicios esenciales (por ejemplo, algoritmos judiciales de sentencia, IA de triaje médico) requerirán Evaluaciones de Impacto Ético (EIE) y supervisión humana."
apartado 6.2 de la Estrategia, página 22 del texto oficial