La inteligencia artificial ya está en documentos de más de 190 despachos judiciales colombianos, y declararlo protege al juez
Los grandes cambios de la justicia empezaron cuando alguien se atrevió a decir que podía funcionar mejor
En 1906, ante la American Bar Association, Roscoe Pound, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nebraska y diez años después de la de Harvard, pronunció un discurso sobre las causas de la insatisfacción popular con la administración de justicia. Lo abrió con una constatación serena: "La insatisfacción con la administración de justicia es tan antigua como el derecho". Y enseguida fue al punto: "me atrevo a afirmar que nuestro sistema de tribunales es arcaico y nuestro procedimiento está atrasado". Pound escribió para empujar, y cerró con una promesa: un futuro cercano en que los tribunales fueran agentes rápidos y seguros de la justicia, con decisiones que todos acataran y respetaran.
Cada generación de juristas recibe una herramienta que le pregunta si quiere una justicia más rápida, más clara y más cercana. A la generación actual le tocó la inteligencia artificial, y la noticia que trae este artículo es buena. La justicia colombiana ya la usa: 633 documentos judiciales de 73 despachos declaran en su propio texto que se hicieron, en todo o en parte, con su apoyo. Y la usa más de lo que dice, porque esta revista encontró la huella de la herramienta, sin una nota que la declare, en documentos de otros 117 despachos. Lo que falta es poco y está al alcance de cada juez: una línea que lo diga.
La justicia colombiana ya demostró que sabe modernizarse cuando el país lo necesita
Colombia tuvo su propio momento de Pound, y lo resolvió mirando hacia adelante. En junio de 2020, con los despachos cerrados por la pandemia, el Decreto Legislativo 806 se propuso "implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales". Dos años después, la Ley 2213 de 2022 adoptó esas normas "como legislación permanente". Y fue esa misma ley la que invocó, en enero de 2023, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena cuando dejó constancia, en un fallo de tutela sobre la salud de un niño, de que había consultado a ChatGPT. Lo justificó "atendiendo que la Ley 2213 de 2022 tiene por objeto la incorporación de las TIC en los procesos judiciales", transcribió las preguntas que le hizo y las respuestas que obtuvo, y aclaró que la herramienta servía para "extender los argumentos de la decisión adoptada". Es la providencia más antigua del registro de esta revista que declara el uso de la herramienta. La práctica ha madurado desde entonces, y hoy el Acuerdo del Consejo Superior reserva al juez la solución de los problemas jurídicos, pero aquel fallo ya traía lo esencial: la decisión era del juez y todo quedó escrito.
La Corte Constitucional acompañó ese tránsito con la mirada puesta en el futuro. En 2020 declaró ajustada a la Constitución la norma de emergencia que autorizó a la Superintendencia de Sociedades a "hacer uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial" en los procesos de insolvencia, incluida la frase según la cual ese uso "podrá ser implementado de manera permanente", que la Procuraduría había objetado (Sentencia C-378 de 2020). Ese mismo año sostuvo que el nuevo control fiscal preventivo necesita la analítica de datos y la inteligencia artificial para anticipar los riesgos sobre los recursos públicos (Sentencia C-140 de 2020). Y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su artículo 95, cuyo título es precisamente tecnología al servicio de la administración de justicia, le encarga al Consejo Superior de la Judicatura "propender por la incorporación de nuevas tecnologías y la digitalización del servicio de la administración de justicia".
La herramienta ya trabaja en los despachos, y la están usando para lo que mejor sabe hacer
La Rama Judicial puso la herramienta en manos de sus servidores, con Copilot Chat en la cuenta institucional. El estudio del sector de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial describe Microsoft 365 Copilot como "una solución de inteligencia artificial generativa desarrollada por Microsoft" y recuenta las licencias de esa versión compradas con recursos públicos para uso de la Rama Judicial: 124 en el contrato de 2024 y 230 en el de 2025. El Consejo Superior de la Judicatura reguló su uso en el Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024, que desde su primer artículo declara el propósito de "maximizar los beneficios y potencialidades de esas tecnologías, mientras se mitigan y gestionan sus riesgos potenciales". Y la Corte Constitucional, en la sentencia T-323 de 2024, le pidió a la judicatura adoptar las mejores prácticas que permitan "hacer uso razonable y proporcionado de herramientas innovadoras y dinámicas como las referidas".
Lo que vino después está documentado. El registro de Código Abierto reúne hoy 633 documentos judiciales cuyo propio texto declara que se hicieron, en todo o en parte, con apoyo de inteligencia artificial, provenientes de 73 despachos. La curva habla sola: en marzo de 2026 aparecieron 34, en agosto 138, y septiembre ya va en 154 cuando todavía le faltan días. Detrás de cada una de esas notas hay un despacho que decidió incorporar la herramienta a su trabajo y dejarlo por escrito.
Las notas dicen también para qué se usa, y la respuesta tranquiliza a quien teme que la máquina decida. La tarea que más se declara es organizar y estructurar la información (249 documentos). Le siguen apoyar, corregir o mejorar la redacción (197), sintetizar o resumir textos (164) y extraer la información del expediente (88). En 33 casos sirvió para elaborar tablas, liquidaciones y cálculos. Es el trabajo que le consume horas al despacho y que la herramienta adelanta en poco tiempo, para que el juez dedique el suyo a lo que solo él puede hacer, que es pensar el caso y decidirlo.
Hay usos que conmueven. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia se apoyó en la herramienta para "expresar en formato de lectura fácil el contenido de esta decisión", como lo manda la ley que reconoce la capacidad legal de las personas con discapacidad, y dejó constancia de que antes anonimizó el texto. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, cuando la Dirección Ejecutiva no logró encontrar un traductor de albanés, le informó a un requerido en extradición que daría uso a "las nuevas tecnologías e inteligencia artificial a través de los traductores en línea" para comunicarle sus decisiones "en su lenguaje materno". Y un despacho de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali anexa a sus sentencias el protocolo con la instrucción que le dio a la herramienta e indica dónde intervino, con notas al pie o, en otras decisiones, con los apartes "identificados en negrilla y subrayado dentro del texto de la providencia".
Las altas cortes también la usan. En septiembre de 2024, en un conflicto de jurisdicciones con la jurisdicción especial indígena, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó escrito que buscó información sobre un aspecto cultural del caso en fuentes abiertas de internet, entre ellas "buscadores como Google, Bing, ChatGPT". En octubre de 2025, en la sentencia C-427, declaró que un capítulo se elaboró con apoyo de la herramienta institucional, transcribió la orden exacta que le dio, dijo quién revisó el resultado e identificó los fundamentos jurídicos que se apoyaron en ella. Es una de las declaraciones más completas que se conocen en el país, y la firmó la corporación que fijó los criterios.
Seis ideas que frenan a los jueces se desvanecen frente a los datos
La primera idea es que la inteligencia artificial decide por el juez. El Acuerdo le pide al servidor prescindir de la herramienta para "la valoración de medios probatorios, escrutinio de hechos, realización de juicios de valor, ni la solución de problemas jurídicos", y la Corte Constitucional fijó como criterio la "no sustitución de la racionalidad humana". Las notas del registro confirman que así se está usando: la herramienta organiza, sintetiza, corrige, calcula y adelanta borradores, y las notas dejan la valoración de la prueba y la decisión en manos del juez.
La segunda es que su uso está mal visto. La Rama Judicial compró la herramienta, el Consejo Superior la reguló para aprovechar sus beneficios y la Corte Constitucional la llamó innovadora. Los tribunales lo repiten: en marzo de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar recordó que su uso en la actividad judicial "no se encuentra prohibido en sí mismo" y que "puede constituir un instrumento de apoyo en la elaboración de providencias", siempre que se use con prudencia y bajo el control intelectual del juez que firma. La usan juzgados, tribunales y altas cortes, que la declaran con nombre propio.
La tercera es que la usan unos pocos. Son 633 documentos de 73 despachos en un solo registro, a los que se suman los 117 despachos que dejaron la huella de la herramienta sin declararla. Y ese registro solo alcanza a ver lo que se publica en los portales oficiales, de modo que la cifra es un piso.
La cuarta es que decirlo expone al juez. Los reproches y las sanciones que registran las 183 providencias del observatorio de esta revista tienen otro origen: citas inexistentes, instrucciones olvidadas dentro del texto, escritos que llegaron al expediente sin que nadie revisara lo que produjo la herramienta, la pretensión de hacer pasar su respuesta por prueba o el uso de la herramienta para valorar pruebas, que el Acuerdo reserva al juez. El registro colombiano tiene 26 casos constatados de citas falsas, 21 de abogados y 5 de jueces, y en todos el problema fue haber firmado sin comprobar. Ninguna de esas providencias le reprocha a un juez haber declarado. A quien declara, las cortes le ayudan a declarar mejor. En agosto de 2026, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al resolver la apelación de un abogado sancionado, advirtió que el magistrado de primera instancia había declarado el uso de ChatGPT para redacción y ortografía sin todos los elementos que pide el Acuerdo, constató que la situación "no generó ninguna afectación sustancial al asunto" y lo instó a atenerse en adelante al Acuerdo.
La quinta es que cualquier herramienta sirve igual. El Acuerdo pide "Evitar el uso de chatbots generales o comerciales de IA en sus versiones gratuitas" y abstenerse de introducir datos personales o información confidencial en herramientas que se apropien de ellos. La herramienta institucional existe precisamente para eso, y la última parte de este artículo se ocupa de ella.
La sexta es que un detector puede demostrar que un juez usó la herramienta. Las partes ya lo intentaron. En los expedientes que ha leído esta revista hay providencias atacadas con porcentajes de detectores que van del 80 al 100 por ciento, y ningún despacho les ha dado valor a esos porcentajes. Un juzgado de pequeñas causas de Cartagena resolvió en marzo de 2026 que el resultado de un detector "carece de relevancia jurídica y procesal". Ese mismo mes, al conceder una apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anotó que, "independientemente de si en la elaboración de la sentencia apelada se empleó o no IA", su utilización dentro del marco vigente "es legalmente válida y no vulnera derecho alguno". Y en agosto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, ante quien sostenía que un auto "no existe" porque dos detectores le daban 89 y 85 por ciento, verificó los requisitos del artículo 279 del Código General del Proceso y confirmó la providencia. Qué hizo la herramienta lo sabe quien la usó, y la nota es el lugar para decirlo.
Decir que se usó la herramienta es lo que protege al juez, y es una idea tan vieja como la justicia pública
En 1790, Jeremy Bentham comentó un proyecto de organización judicial para la Francia revolucionaria y propuso que todo el procedimiento se llevara con la mayor publicidad posible. Su razón sigue siendo de las mejores que se han dado: "La publicidad es el alma misma de la justicia. Es el acicate más agudo para el esfuerzo y la más segura de todas las salvaguardas contra la deshonestidad. Mantiene al propio juez, mientras juzga, bajo juicio". En 1923, un tribunal inglés anuló una condena porque el secretario que acompañó a los jueces a deliberar era socio de la firma que representaba a la otra parte en el pleito civil por el mismo accidente. Constaba que los jueces decidieron sin consultarlo y que él se abstuvo de opinar, y aun así la condena cayó. Lord Hewart explicó por qué con una frase que se volvió proverbial: "es de importancia fundamental que la justicia no solo se haga, sino que se vea, de manera manifiesta e indudable, que se hace". Y en 1913 Louis Brandeis dejó la imagen que todavía usa el derecho de la transparencia: "Se dice que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes".
La Constitución colombiana recoge esa tradición en su artículo 228, según el cual las actuaciones de la administración de justicia "serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley". La Corte Constitucional la trajo al tiempo de la inteligencia artificial cuando definió la transparencia, en la sentencia T-323 de 2024, como la obligación de evidenciar el uso de la herramienta de modo "que permita a los usuarios e interesados su pleno conocimiento y la posibilidad efectiva de contradicción". La nota de transparencia es la sala abierta de este tiempo. Permite ver qué hizo la máquina y qué hizo el juez.
Por eso el registro de esta revista contiene un dato que merece contarse con cuidado. En 281 documentos de 98 despachos, el texto del propio despacho conserva una huella técnica del uso de ChatGPT: el parámetro utm_source=chatgpt.com pegado a un enlace, que es la marca que queda cuando la dirección se copia de una conversación con esa herramienta. Casi siempre aparece en un enlace citado en el texto. En casi la mitad de los documentos, los de un mismo juzgado, el enlace lleva al sitio de la entidad que demanda, y en los demás lleva sobre todo a sentencias, normas y páginas oficiales, y también a páginas de empresas. En trece documentos va dentro de párrafos copiados de una respuesta. La herramienta institucional también deja su marca. En 65 documentos de 36 despachos aparecen enlaces a la carpeta de archivos de Copilot Chat de una cuenta institucional de OneDrive, que es donde quedan los documentos que se le entregan a esa herramienta, o la etiqueta "Copilot said:", copiada junto con la respuesta. Como casi la mitad de los documentos con la huella de ChatGPT son de un mismo juzgado, la cifra que mejor retrata el fenómeno es la de despachos: alguna de las dos huellas aparece sin nota de transparencia en documentos de 130 despachos, y 117 de ellos no tienen una sola declaración en la colección. Superan a los 73 despachos que ya lo declaran en la colección. Esta revista guarda esa lista sin publicarla, porque una huella prueba que algo del texto (un enlace, un párrafo o un documento del expediente) pasó por la herramienta y deja abierto quién la usó y con qué alcance. El dato muestra una justicia que ya trabaja con estas herramientas y a la que le falta completar el último paso, que es decirlo. La huella ya está en los expedientes, y lo que falta es la nota.
Declarar protege de cosas muy concretas, y el registro ya tiene los casos que lo muestran.
Protege frente a la sospecha. Sin nota, la pregunta queda abierta: cuando una parte alegó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar que un fallo tenía "vestigios" de redacción con inteligencia artificial, la Sala concluyó que con el material del expediente "no es posible determinar de manera objetiva" si se había usado. La sospecha llegó también a la Corte Constitucional, que en enero de 2026, en la sentencia T-008, resolvió ocho tutelas de sesenta aspirantes a la carrera judicial, y en seis de ellas los accionantes alegaban que los actos que resolvieron sus recursos en el concurso se habían elaborado con inteligencia artificial generativa. Las entidades a cargo del concurso tuvieron que explicar ante la Corte cómo habían trabajado, y la Corte remitió la discusión al juez administrativo. Con nota, la discusión parte de un hecho cierto. En abril de 2026, un juzgado promiscuo del circuito de Antioquia marcó en su sentencia de segunda instancia el "Aparte desarrollado con asistencia de Copilot de Microsoft". Quienes perdieron el proceso acudieron a la tutela con un detector según el cual la sentencia era obra de la inteligencia artificial en un 80 por ciento, y señalaron el primer folio, que es donde estaba la nota. El Tribunal Superior de Antioquia negó el amparo sin detenerse en el detector: examinó la sentencia y encontró una decisión razonable, fruto de "una labor intelectiva realizada por el operador jurídico tutelado". La nota había dicho desde el principio dónde intervino la herramienta.
Protege el derecho de las partes a controvertir, y con él la calidad de la decisión. En mayo de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dejó escrito al pie de una sentencia que el cálculo de la indexación "fue verificado con apoyo de una herramienta de asistencia digital (Microsoft 365 Copilot), utilizada exclusivamente como soporte técnico, bajo supervisión del Magistrado ponente". Las dos partes volvieron sobre esa cuenta. El demandante señaló una diferencia en el cálculo, y la demandada, a partir de la nota, pidió aclarar el fallo porque no se habían precisado las instrucciones dadas a la herramienta ni el alcance de la validación. En julio, la Sala explicó la fórmula, rehízo el cálculo con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE y, como corrección aritmética del artículo 286 del Código General del Proceso, corrigió la condena, que pasó de $79.032.428 a $82.078.511,80. La nota abrió una pregunta concreta sobre la cuenta, y la respuesta llegó dentro del mismo expediente, en dos meses y con las herramientas ordinarias del proceso. Es la posibilidad efectiva de contradicción de la que habla la Corte Constitucional.
Protege en el terreno disciplinario, porque el Acuerdo autoriza el uso y entre lo que exige está informarlo. En mayo de 2026, al fijar unos lineamientos éticos, una sala de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dijo que el servidor que use estas herramientas "deberá informar de manera expresa y verificable su utilización", porque eso "evita cualquier forma de ocultamiento en el uso de herramientas tecnológicas". Y protege al despacho frente al tiempo, porque una nota escrita hoy responde por él dentro de cinco años.
Y vuelve normal lo que es normal. En septiembre de 2026, una apoderada le preguntó a un juzgado de familia de Puerto Colombia si usaba inteligencia artificial, cuál herramienta y si se ajustaba al Acuerdo. El juzgado respondió en el mismo auto admisorio que "utiliza Microsoft Copilot como herramienta institucional de apoyo en determinadas labores de organización, revisión, estructuración y corrección de documentos", y agregó que la herramienta "no sustituye el razonamiento judicial, la valoración probatoria, la interpretación jurídica ni la decisión del funcionario". La pregunta y la respuesta cupieron en el mismo auto. Los jueces, además, ya les piden lo mismo a los abogados: en mayo de 2026 un juzgado laboral de Bogotá llamó a una apoderada a relacionar "de manera clara, en que partes de su escrito utilizó IA".
Todo esto cabe en lo que esta revista llama la tríada de cesión, criterio y custodia: encomendar a la herramienta una tarea precisa, evaluar lo que produce y responder por lo que se firma. La nota de transparencia es la prueba escrita de las tres. Los elementos de la nota que más protegen son hoy los menos frecuentes. En la frase con que declaran el uso, apenas 19 de las 633 notas mencionan la instrucción que se le dio a la herramienta, que es justamente lo que echó de menos la demandada en Bogotá, y apenas 14 dicen en qué partes del texto intervino. Algunos despachos lo precisan fuera de esa frase, como el de Cali con su protocolo anexo, y aun contándolos siguen estando entre los elementos menos frecuentes. La nota que pide el artículo 10 del Acuerdo cabe en un párrafo, y podría decir, por ejemplo:
Nota de transparencia (artículo 10 del Acuerdo PCSJA24-12243). En la preparación de esta providencia se utilizó [herramienta y modelo], de [empresa proveedora], el [fecha]. El despacho leyó, entendió y aceptó sus términos y condiciones de uso. Se usó para [la tarea concreta, por ejemplo organizar los antecedentes o corregir la redacción], de esta manera: [cómo se usó, por ejemplo sobre qué piezas del expediente], con esta instrucción: [la instrucción que se le dio]. Lo que la herramienta produjo está en [los apartes o numerales], marcado en [cursiva o negrilla], y el despacho lo revisó y ajustó. La valoración de las pruebas, la interpretación jurídica y la decisión son del juez.
El camino más seguro hoy es la herramienta institucional, y lo deseable es que mañana haya más
En agosto de 2026, la nota de transparencia del Auto 1030 de la Sala Plena de la Corte Constitucional explicó por qué se eligió la herramienta institucional: porque "procesa la información dentro del entorno institucional contratado, la mantiene protegida y no la utiliza para entrenar los modelos del proveedor, de modo que se preservó la reserva del trámite". Ese es el mejor argumento para preferirla. Un expediente judicial trae datos de personas, y la licencia de la Rama es el lugar donde esos datos se quedan en casa.
Tres de cada cuatro notas del registro que nombran la herramienta nombran Copilot. Una de cada cuatro nombra otras, casi siempre ChatGPT, y también Gemini, Claude, Codex, NotebookLM, Tirant Prime, DeepSeek y Perplexity. El Acuerdo permite usar las herramientas que el servidor tenga a su disposición para las tareas de su artículo 4, que son muchas, siempre que cumpla los deberes del artículo 8, entre ellos evitar las versiones gratuitas y abstenerse de introducir datos personales en herramientas que se apropien de ellos. Para cualquier otro uso sirven solo las herramientas "determinadas, provistas, avaladas o habilitadas por el Consejo Superior de la Judicatura", y lo que el servidor consiga por su cuenta complementa, sin reemplazarlas, las que el Consejo provee. La huella de ChatGPT que aparece en 281 documentos deja abiertas la versión que se usó y los datos que se le entregaron, y esa es la incertidumbre que la herramienta institucional despeja. Hay despachos que ya muestran cómo se hace cuando se acude a otra. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia la usó "en su versión de suscripción de pago y no en la modalidad gratuita" y anonimizó antes el texto, y un juzgado de pequeñas causas de Cartagena, cuando ilustró con una imagen hecha en Gemini cómo debía instalarse en un vehículo el aviso de un proceso de pertenencia, advirtió que "para su uso no se incluyeron datos del proceso". La regla práctica cabe en una línea: primero la herramienta institucional, y si se usa otra, en la versión que protege los datos, sin datos personales y declarándola.
Hay además una buena noticia que merece más difusión: la Rama ya abre más de una puerta. La licencia institucional da acceso a más de un modelo, y la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín declara que prepara sus notas de relatoría con M365 Copilot Premium, con los modelos GPT-5.6 Think Deeper y Claude Opus y con un "Agente Relator Copilot", "bajo licencia adquirida por el Consejo Superior de la Judicatura". Un juzgado promiscuo municipal de San Marcos declara que usó inteligencia artificial generativa desde la plataforma Tirant Prime "de la base de datos jurídica BELM de la Rama Judicial". Y un juzgado penal del circuito de La Dorada sintetizó un acápite de un fallo de tutela con Copilot "utilizando el prompt recomendado por la rama judicial para resúmenes de respuestas de tutela", con el resultado "contrastado con la información del expediente por el Oficial Mayor del Despacho". El propio Acuerdo le encarga a la Unidad de Transformación Digital e Informática priorizar pruebas y estudios para habilitar más soluciones institucionales, incluido el análisis de herramientas de inteligencia artificial generativa especializadas en jurisprudencia y normativa. Sería deseable que el Consejo Superior avanzara pronto en esa dirección y pusiera a disposición de todos los despachos otras herramientas que ya ofrecen formas de trabajo muy valiosas, como la lectura de expedientes extensos, el razonamiento por pasos o la preparación de textos en lenguaje claro, siempre dentro de un entorno que proteja los datos. La justicia colombiana tiene jueces dispuestos a usarlas bien, y los tiene documentados.
Pound tenía razón en 1906: la justicia que se moderniza a tiempo se gana el respeto de quienes acuden a ella. Los jueces colombianos ya dieron el primer paso, que era el más difícil, y empezaron a trabajar con la herramienta. El segundo es el más sencillo de todos y está en manos de cada despacho: una línea al pie que diga qué herramienta se usó, para qué y qué quedó en manos del juez. Con esa línea, la justicia que usa inteligencia artificial es también una justicia que se deja ver.
Fuentes
Roscoe Pound, "The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice", discurso ante la American Bar Association (1906), reproducido en The American Lawyer, vol. 14, n.º 10 (1906), pp. 445-451, cotejado sobre la imagen escaneada de esa edición. Originales citados: "Dissatisfaction with the administration of justice is as old as law." "For I venture to say that our system of courts is archaic and our procedure behind the times." "we may look forward to a near future when our courts will be swift and certain agents of justice, whose decisions will be acquiesced in and respected by all."
Jeremy Bentham, Draught of a Code for the Organization of the Judicial Establishment in France, with Critical Observations on the Draught Proposed by the National Assembly Committee (1790), en The Works of Jeremy Bentham, ed. John Bowring, vol. 4 (Edimburgo, 1843), observaciones al artículo XVIII de su proyecto. Original citado: "Publicity is the very soul of justice. It is the keenest spur to exertion, and the surest of all guards against improbity. It keeps the judge himself, while trying, under trial."
The King v. Sussex Justices, ex parte McCarthy, King's Bench Division, 9 de noviembre de 1923, [1924] 1 K.B. 256, 259 (Lord Hewart, C.J.), cotejado sobre la imagen escaneada del reporte. Original citado: "it is not merely of some importance but is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done."
Louis D. Brandeis, "What Publicity Can Do", Harper's Weekly (20 de diciembre de 1913), recogido en Other People's Money and How the Bankers Use It (1914), cap. V. Original citado: "Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman."
Constitución Política de Colombia, artículo 228. Ley 270 de 1996, artículo 95, modificado por el artículo 41 de la Ley 2430 de 2024. Decreto Legislativo 806 de 2020, artículo 1. Ley 2213 de 2022, artículo 1. Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024 del Consejo Superior de la Judicatura, artículos 1, 4, 5, 8, 10 y 12. Corte Constitucional, sentencias C-140 de 2020, C-378 de 2020, T-323 de 2024, C-427 de 2025 y T-008 de 2026, y autos 1452 de 2024 y 1030 de 2026. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, CP339-2024, y Sala de Casación Civil, AC5001-2026. Comisión Nacional de Disciplina Judicial, providencias del 13 de mayo y del 26 de agosto de 2026. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, estudio del sector para la adquisición de licencias de Microsoft 365 Copilot.
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, sentencia del 20 de mayo de 2026 y auto del 23 de julio de 2026 (rad. 2023-05629-01). Tribunal Superior de Valledupar, Sala Penal, sentencia de tutela de segunda instancia del 2 de marzo de 2026 (rad. 2025-03424-01). Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Familia, sentencias de tutela 086 y 087 del 13 de mayo de 2026 (rads. 2026-00184 y 2026-00185), sobre dos sentencias de segunda instancia de un juzgado promiscuo del circuito de Antioquia del 8 de abril de 2026. Tribunal Administrativo de Bolívar, sentencia 005 del 3 de febrero de 2026 (rad. 2025-00256-01). Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, auto del 6 de marzo de 2026 (rad. 2015-02303). Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cartagena, autos del 9 de marzo de 2026 (rad. 2023-00284) y del 21 de abril de 2026 (rad. 2025-01297). Juzgado Primero de Familia de Puerto Colombia, auto del 7 de septiembre de 2026 (rad. 2026-00200). Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá, auto del 20 de mayo de 2026 (rad. 2026-00029). Las demás notas citadas están transcritas, con su despacho y su fecha, en la colección Hechas con IA de documentos judiciales que declaran usar inteligencia artificial.
Registro COLOMB-IA, colección de documentos judiciales que declaran usar inteligencia artificial y registro interno de huellas de ChatGPT y de Copilot Chat de Código Abierto, con corte al 26 de septiembre de 2026.
