En un caso de productos financieros abiertos por suplantación, sostiene que su aprobación se apoyó esencialmente en mecanismos automatizados y algoritmos de validación digital, sin verificación presencial de identidad, y que la validez de la autenticación digital no exonera a la entidad de implementar protocolos rigurosos contra el fraude. Registra que la entidad dijo autenticar con un motor de inteligencia artificial cuyo algoritmo no aportó, invocando la reserva de su know-how.