En una acción popular de una personería municipal contra una empresa de servicios públicos domiciliarios, sostiene que la atención por medio de un bot no desvirtúa por sí sola la atención humanizada, que el uso de herramientas automatizadas basadas en inteligencia artificial para la gestión administrativa no configura regresión y que el uso responsable de un bot que conduce al usuario hacia un asesor humano encaja en los criterios de la T-323 de 2024. Precisa que la aceptación jurídica de una inteligencia artificial se juzga por lo que hace y no por lo que es.