Los lineamientos obligan a las personas juzgadoras de primera y segunda instancia, al personal jurisdiccional y administrativo y a toda persona servidora pública que use herramientas tecnológicas en el Poder Judicial del Estado de México.
La IA queda como apoyo metodológico, sintético o de gestión documental, sus propuestas son borradores auxiliares y toda decisión, acuerdo o sentencia asistida por IA tiene como único responsable a quien la firma.
La valoración de las pruebas, la fijación de los hechos y la interpretación jurídica son de la persona juzgadora.
El personal judicial y administrativo coteja la totalidad de las referencias normativas, los preceptos procesales, las documentales, las tesis jurisprudenciales y los extractos probatorios que sugiera la IA.
Cada dato extraído debe indicar el folio, la foja o el registro digital de origen en el expediente fuente.
Prohíbe ingresar expedientes, datos personales no anonimizados o testimonios de niños, niñas y adolescentes en plataformas abiertas de IA, y ninguna herramienta se usa sin evaluación de ciberseguridad y autorización del Órgano de Administración Judicial.
Antes de desplegar un sistema se evalúa su impacto sobre los derechos humanos, y el que genere sesgos discriminatorios sistemáticos se suspende de inmediato.
Quienes litigan pueden apoyarse en la IA para sus escritos, y quien los firma responde por su veracidad.
Dictar resoluciones sin supervisión y verificación humana es falta administrativa.
El acuerdo pide al Órgano de Administración Judicial, a través de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, identificar los procesos susceptibles de automatización, proteger los datos personales, evaluar los riesgos tecnológicos y capacitar al personal, y expedir en sesenta días hábiles los instrumentos administrativos que se requieran.
Los lineamientos cuentan la transparencia y la explicabilidad entre los principios mínimos del uso jurisdiccional.
En Colombia, el artículo 10 del Acuerdo PCSJA24-12243 lleva la transparencia sobre la IA generativa al deber de informar expresamente su uso y, en especial cuando ese uso incide en decisiones sustanciales, al de dejar explícitos en el expediente o la decisión la herramienta, la fecha y las instrucciones usadas.
"Toda decisión, actuación, acuerdo o sentencia asistida por IA tendrá como único responsable al servidor público o persona juzgadora que la suscriba."
art. 7 de los Lineamientos, página 32 del texto oficial