Los jueces colombianos sancionan la cita que nadie verificó y se abstienen de presumir que un escrito lo hizo una máquina
En el observatorio COLOMB-IA hay treinta y ocho providencias de tribunales y juzgados que se ocupan de citas inexistentes o inexactas, del deber de revisar lo que se radica y de la prueba de que un escrito se hizo con inteligencia artificial. Sumadas a las de la biblioteca de la casa, que reúne las de las altas cortes y otras de tribunales, dan 25 casos distintos en que un despacho colombiano constató una cita falsa, 20 llevados por abogados o apoderados y 5 por jueces, constatados por el tribunal o la corte que revisó la providencia. La base mundial de alucinaciones judiciales anota tres de ellos, como se explica en la sección Colombia en el registro mundial.
Leídas juntas, esas providencias dicen dos cosas a la vez. Quien lleva al proceso una cita que no existe responde por no haberla verificado, con o sin máquina de por medio. Y el uso de la herramienta es legítimo: los despachos lo admiten y le exigen prueba a quien lo alega, porque la forma de un escrito no lo demuestra.
La respuesta es gradual, y la multa llega en tres procesos de tribunales y juzgados
La primera respuesta es la advertencia, casi siempre en la misma providencia que inadmite, rechaza o resuelve. El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cali exhortó a una abogada a actuar con mayor diligencia al emplear estas herramientas, sin hacer de ello causal de inadmisión. El Juzgado Catorce Civil Municipal de Bucaramanga tuvo por rendidas, bajo el principio de buena fe, las explicaciones de un abogado y le recordó las cargas que supone incorporar la herramienta a los escritos. El Juzgado Séptimo de Familia de Bogotá constató que un abogado había invocado como del Código Civil colombiano un precepto del Código Civil de España, y le pidió verificar en adelante que lo que cita corresponde a la legislación colombiana.
En ocho procesos el despacho compulsó copias a la comisión seccional de disciplina judicial por las citas o por el uso de la herramienta: la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, después de oficiar a las relatorías, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, cuya decisión confirmó en lo demás la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chinchiná.
En tribunales y juzgados, la multa aparece en tres procesos. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia impuso diez salarios mínimos al abogado que admitió haber tomado las providencias de ChatGPT y de Gemini sin verificarlas, mantuvo la sanción al resolver la reposición, y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia le negó la tutela que presentó contra ella. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá oyó en audiencia a la abogada sobre las citas de la demanda y le impuso tres salarios mínimos, «en virtud del artículo 81 del CGP, en concordancia con el artículo 59 de la Ley estatutaria de administración de justicia». Y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sanción impuesta a otro abogado, reducida al mínimo de diez salarios del artículo 81 del Código General del Proceso porque reconoció voluntariamente lo ocurrido.
El fundamento es el deber de verificar la fuente, que pertenece al abogado
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá fundó esa decisión en la Corte Suprema, que ya había fijado la regla: el abogado puede servirse de los apoyos que estime útiles, «pero la función de garante de la veracidad de las fuentes que presenta es indelegable». En otra apelación, frente a seis providencias de la Corte Suprema que no existían, la misma Sala dijo que haber generado ese contenido con inteligencia artificial «no atenúa ese reproche» y que, «antes bien, lo agrava», porque quien lleva al proceso el producto de la herramienta sin contrastarlo en los repositorios oficiales «asume un riesgo previsible y evitable».
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca encuadró el problema en el numeral 6 del artículo 79 del Código General del Proceso, que presume temeridad o mala fe «Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas», y precisó que la regla se aplica responda o no la cita al uso de inteligencia artificial, porque lo que cuenta es el empleo de citas inexactas, «ya sea con intención o por falta de cuidado inexcusable».
El Juzgado Undécimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, después de constatar que cuatro sentencias atribuidas a la Corte Suprema no aparecían en su relatoría, dejó escrito el otro lado de la regla: «no se reprocha el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo en la redacción de escritos jurídicos», y su utilización «puede resultar legítima, útil y muy eficiente».
Los jueces exigen prueba de la conducta y descartan como tal el estilo del escrito y los detectores
Varios despachos cerraron expresamente la puerta a la sanción por presunción. El Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá llamó a un apoderado a revisar la exactitud de sus citas y aclaró que el llamado no se funda en el uso de inteligencia artificial, «circunstancia que no puede presumirse a partir de la estructura o redacción de un documento». El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ocaña negó la compulsa que una parte pidió contra la abogada contraria porque «no obran elementos objetivos que permitan inferir razonablemente que las inconsistencias advertidas respondan a una actuación deliberadamente engañosa o a una conducta gravemente negligente derivada del eventual uso inadecuado de herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial». Y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una sanción por temeridad pedida con ese mismo argumento, porque «La imposición de sanciones por tales conceptos exige la acreditación de comportamientos abiertamente contrarios a los deberes de lealtad, probidad y buena fe procesal».
Lo mismo vale para los detectores. El Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cartagena declaró improcedente un recurso que atribuía a la inteligencia artificial un auto porque un detector marcaba 82 por ciento, y sostuvo que «el resultado de dicho aplicativo carece de relevancia jurídica». En mayo de 2026, un despacho de la Sección Tercera del Consejo de Estado se abstuvo de acudir a esas verificaciones porque, hasta el momento, «no ofrecen niveles adecuados de fiabilidad, precisión y estabilidad para su utilización en actuaciones judiciales». Y en junio la Sala Civil de la Corte Suprema, en la STC10581-2026, encontró que los porcentajes de los detectores invocados por unos accionantes tenían «explicación plausible en el apoyo instrumental para labores de corrección ortográfica, redacción o estilo, empleo que no se halla proscrito».
La regla que se consolida es que la herramienta se usa y lo que se radica se verifica
Es el segundo momento de la tríada de la casa, el criterio: quien encomienda una tarea a la máquina tiene que evaluar lo que ella produce antes de firmarlo. Los despachos colombianos sancionan la omisión de ese control y respetan el uso legítimo, que es la forma de construir una regla que admite la inteligencia artificial y protege la confianza en lo que se cita ante un juez.
Cobertura. Comprende las providencias de tribunales y juzgados del observatorio COLOMB-IA, tomadas del portal de Publicaciones Procesales de la Rama Judicial con corte al 21 de septiembre de 2026, y las de la biblioteca de la casa, que reúne las de las altas cortes y otras de tribunales. Un caso de cita falsa entra cuando la providencia constata que la cita no existe o no dice lo que se le atribuye, y se cuenta uno por proceso. Cada providencia citada tiene su ficha en el observatorio.