Permite a las entidades vigiladas que realizan la actividad de asesoría en el mercado de valores, directamente o a través de terceros, usar herramientas tecnológicas en una o varias etapas de la asesoría o en la ejecución de las operaciones, y les exige garantizar por ese medio todas las obligaciones de cada etapa.
Las políticas de gobierno de la herramienta deben ser aprobadas por la junta directiva, y las de diseño, implementación y monitoreo deben prever, entre otros elementos, la autorización previa de su funcionamiento, criterios sobre la calidad de los insumos y de los resultados, mecanismos para que los resultados guarden relación con el perfil del cliente, pruebas técnicas y funcionales documentadas, criterios para identificar fallas que incluyan sesgos en la lógica de la herramienta, protocolos para avisar a los clientes afectados y pruebas periódicas al menos anuales.
La entidad debe tener un reglamento de uso a disposición de los inversionistas.
Las reglas se refieren a las herramientas tecnológicas en general, incluidas las que suministran recomendaciones profesionales.
"Los criterios para identificar las posibles fallas en el funcionamiento de la herramienta tecnológica, los cuales deben incluir sesgos en la lógica de la herramienta, manipulación de tendencias, inclusión de funciones no previstas y errores en la codificación o en las premisas de diseño."
Circular Básica Jurídica, Parte III, Título II, Capítulo IV, numeral 5.1.3, literal c (anexo de la Circular Externa 014 de 2025)