La multa más alta conocida por una cita inventada en Colombia, 26 millones de pesos, es cerca de la mitad de la mayor comprobada en Estados Unidos y supera a todas las europeas que se pagan al Estado

Llevar a un proceso una cita que no existe ya tiene precio en buena parte del mundo. Esta revista revisó una por una las 376 sanciones con cifra que trae el registro mundial de casos de citas inventadas en los tribunales, que lleva el investigador Damien Charlotin, separó lo que es multa de lo que es pago a la otra parte y pasó las multas a pesos colombianos con las tasas oficiales del 2 de octubre de 2026.

La multa más alta que registra esta revista por citas inventadas en Colombia es de 15 salarios mínimos, unos 26,3 millones de pesos. Es cerca de la mitad de la multa más alta comprobada en Estados Unidos, de 15.500 dólares (unos 51,3 millones), y supera a todas las que el registro mundial trae de Europa con destino al Estado, donde la mayor es de 5.000 euros (unos 18,6 millones).

En el mundo, lo que más cuesta una cita inventada es pagarle a la otra parte sus abogados

El registro anota como sanción dos cosas distintas. Una es la multa, que castiga la conducta y se paga al tribunal, al Estado o a un fondo público. La otra son las costas, que le reembolsan a la otra parte lo que gastó en abogados en ese proceso. Leídas las decisiones, de cada diez dólares que los tribunales ordenaron pagar, unos siete son costas y no multas, sin contar las sumas que ningún tribunal ordenó. En 50 casos que el registro presenta como sanción, lo ordenado son en realidad los honorarios o las costas de la otra parte.

En los registros de Inglaterra, Singapur y Australia no hay ninguna multa: todo lo que se cobra son costas. La suma más alta que el registro anota en dólares, 110.204 en un caso de Oregón, son 15.500 de multa y, según el propio registro, 94.704 de costas.

La multa más alta comprobada en Estados Unidos es de 15.500 dólares y se la impuso a un abogado un tribunal de Oregón

El 12 de diciembre de 2025, el Tribunal de Distrito de Oregón ordenó a un abogado pagar a la secretaría del tribunal 15.500 dólares, unos 51,3 millones de pesos: 500 dólares por cada uno de quince casos inexistentes y 1.000 por cada una de ocho citas textuales falsas. Tres días después, un tribunal de apelación de California impuso 15.000 dólares (unos 49,6 millones) a una persona que litigaba sin abogado, además de 59.235 dólares de honorarios para la otra parte.

Puede haber una multa mayor. El registro anota 30.000 dólares en una decisión del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito del 13 de marzo de 2026, que mezclan multa, honorarios y costas, y otra decisión la cita como una multa de 15.000. Si esos 15.000 se impusieron a cada uno de los dos abogados, la multa del caso sumaría 30.000. La decisión no está en la biblioteca de esta revista y no se pudo comprobar.

En Europa la multa más alta que va al Estado es de 5.000 euros, y en España dos tribunales la calcularon con lo que cuesta una herramienta de IA jurídica

En Italia, la Corte de Casación impuso el 11 de junio de 2026 una multa de 5.000 euros (unos 18,6 millones de pesos) a favor de la Cassa delle Ammende, un fondo del Estado, a quien recurrió en un proceso penal. En los procesos civiles, la ley italiana permite además que una parte de la sanción vaya a la otra parte. La Corte de Apelación de Bolonia fijó 5.000 euros, de los cuales 3.000 van a la otra parte, y el Tribunal de Siracusa condenó el 20 de febrero de 2026 a una parte demandante a pagar 2.000 euros a la Cassa delle Ammende y otros 14.103 a la parte contraria, una suma que el tribunal llamó sanción y calculó igual a las costas. Con ella, la sanción de ese caso llega a 16.103 euros (unos 59,8 millones), la más alta de Europa en el registro, aunque casi toda la recibe la otra parte.

En España, los dos tribunales del registro midieron la multa con un mismo criterio. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia impuso 1.800 euros (unos 6,7 millones) con la cuenta de lo que cuesta al año una herramienta de inteligencia artificial jurídica verificada, entre 1.500 y 3.000 euros. El de Canarias impuso 420 euros (1,6 millones), la mitad de los 840 euros que cuesta al año una herramienta específicamente jurídica, rebajada porque el abogado admitió los hechos. Los dos enviaron el caso al colegio de abogados.

Fuera de Italia y España, el Tribunal de Apelación de Amberes, en Bélgica, impuso una multa civil de 2.500 euros (unos 9,3 millones) a quienes apelaban sin abogado, la Junta Disciplinaria de Abogados de Dinamarca 10.000 coronas danesas (unos 5,0 millones), el Tribunal Constitucional de la República Checa 25.000 coronas (unos 3,8 millones) y un tribunal ruso de asuntos comerciales, que allá se llama tribunal de arbitraje, 50.000 rublos (unos 2,0 millones).

En Israel la multa va al Tesoro del Estado y a veces sale del bolsillo del abogado, y en Brasil y Argentina suele ir a la otra parte

En Israel la sanción toma la forma de costas, y lo que la vuelve multa es que se paga al Tesoro del Estado. La más alta comprobada es de 7.500 séqueles (unos 8,1 millones), que un tribunal de Beerseba cargó personalmente al abogado el 1 de septiembre de 2025. En otros casos israelíes la pagó la parte.

En Brasil la multa por litigar de mala fe casi siempre se fija en un porcentaje del valor del proceso, entre el 1 y el 10 por ciento, y casi siempre se paga a la otra parte. En Argentina, un juzgado de Tucumán impuso el 2 de febrero de 2026 una multa igual al valor de una consulta escrita, 620.000 pesos argentinos (1,3 millones de pesos colombianos), a favor de la parte demandada, y envió el caso al tribunal de ética del colegio de abogados. En Chile, la Corte Suprema suspendió a una abogada por un mes y le impuso una multa de cinco unidades tributarias mensuales. En Canadá, la Corte Superior de Quebec impuso 5.000 dólares canadienses (unos 11,6 millones) a una de las partes, con una multa que el tribunal llamó punitiva.

El registro de esta revista trae cuatro multas colombianas, de 3 a 15 salarios mínimos

El registro mundial trae una sola multa colombiana, y el registro de esta revista, que reúne 26 casos en que un despacho constató una cita falsa, tiene cuatro. Todas son de 2026, y en pesos de ese año van de 5,3 a 26,3 millones.

La más alta es la de un despacho de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, que el 13 de febrero de 2026, en el auto AC739-2026, multó con 15 salarios mínimos (26,3 millones) al abogado de un recurso de revisión que citaba providencias y normas que no existen. La Corte la fijó por encima del mínimo de diez, entre otras razones porque, después de su advertencia, el abogado agregó cuatro citas falsas nuevas, y ordenó pagarla al fondo de modernización de la Rama Judicial. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia impuso 10 salarios mínimos (17,5 millones) al abogado que admitió haber tomado las providencias de ChatGPT y de Gemini sin verificarlas. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó otra sanción, pero la redujo al mínimo de 10 salarios porque el abogado reconoció su actuación. Y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá impuso 3 salarios mínimos (5,3 millones) a una abogada a la que oyó en audiencia.

En los demás casos colombianos no hubo multa. La respuesta fue, sobre todo, el llamado de atención o el envío de copias a la comisión de disciplina judicial para que investigue, como lo contó esta revista en La cita que nadie verificó.

En pesos, la mayor multa colombiana conocida queda por debajo de las grandes multas de Estados Unidos y por encima de las europeas que van al Estado

El cuadro reúne las multas que menciona este informe y no todas las del registro. En Estados Unidos hay otros diez casos con multas comprobadas de entre 8.000 y 13.000 dólares (de unos 26,5 a 43 millones de pesos), todas por encima de la mayor colombiana, y en algunos de ellos la cifra suma multas a varias personas.

Cobertura. La fuente mundial es la copia del registro de Damien Charlotin del 28 de septiembre de 2026, con 2.096 casos y 376 sanciones con cifra. De las 376 sanciones, 335 tienen su decisión en la biblioteca de esta revista, y en 291 la naturaleza de la sanción se comprobó en ella. Las demás se clasificaron con el registro o con la cita que de ellas hace otra decisión, y las cifras que solo constan en el registro se dicen como dato del registro. Se contó como multa la suma que castiga y se paga al tribunal, al Estado o a un fondo público, también cuando la ley la entrega a la otra parte, y como costas el reembolso de los honorarios y gastos de la otra parte. Las sumas por moneda dejan fuera las cifras repetidas, las que no sancionan la cita y las que ningún tribunal ordenó. Las multas brasileñas se dan en porcentaje, porque casi todas las decisiones las fijan sobre el valor actualizado del proceso y no dan la cifra, y la multa chilena, fijada en unidades tributarias mensuales, no se pasó a pesos. Los datos de Colombia salen del registro de esta revista, con corte al 3 de octubre de 2026. Para pasar a pesos se usó una sola fecha, el 2 de octubre de 2026: la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera (3.307,73 pesos por dólar), las tasas de referencia del Banco Central Europeo para el euro, el séquel, el dólar canadiense y las coronas, y las de los bancos centrales de Argentina y Rusia, siempre a través del dólar. Los salarios mínimos se pasaron con el de 2026, 1.750.905 pesos, que fija con carácter transitorio el Decreto 159 de 2026 después de la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025. Las cifras en pesos están redondeadas. El registro mundial no es un censo de todos los casos, ni lo es el de esta revista, y una multa que no está en ellos puede ser mayor que las que aquí aparecen.