Un tribunal de Cali halló que el pasaje atribuido a una sentencia de tutela de 2026 era una cita apócrifa, y el Consejo de Estado dio por acreditado que un ciudadano sin abogado citó dos sentencias inexistentes, pero descartó la temeridad porque no se probó que lo supiera: el registro llega a 54 casos constatados

Entre el viernes 6 y el jueves 12 de noviembre de 2026 entraron al observatorio de esta revista dos casos colombianos de citas que no existen. El viernes 6, el magistrado sustanciador de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali halló que el pasaje que una apelación atribuía a la sentencia T-057 de 2026 no está en ella, lo llamó "cita apócrifa" y exhortó a la abogada a verificar sus fuentes. El martes 10 entró una sentencia de tutela del 29 de octubre en la que la Sección Cuarta del Consejo de Estado dio por acreditado que un ciudadano sin abogado citó dos sentencias de la Corte Constitucional que no existen, y descartó la temeridad porque la ley la presume ante citas deliberadamente inexactas y nada prueba que él supiera que no existían. Ninguno de los dos casos terminó en multa. Con ellos, el registro de citas falsas llega a 54 casos constatados y 17 posibles, y la línea del AC739-2026 a 39 providencias de 28 despachos de tribunales y juzgados. Un juzgado civil municipal de Bogotá le pidió además a un apoderado copia de seis decisiones cuya existencia no pudo corroborar, un caso posible que todavía no está en la cuenta. Fuera de Colombia, una Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina remitió al Tribunal de Disciplina de los abogados el memorial que invocaba precedentes que no encontró, el Tribunal Superior de Bombay anuló una orden de Aduanas que, según la empresa afectada, se apoyaba en dos sentencias inexistentes, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía habló de cuatro o cinco casos en su comunidad. La base de Damien Charlotin creció en 22 casos, ninguno de Iberoamérica.

En Cali, el magistrado de la Sala de Familia halló que el pasaje atribuido a una sentencia de tutela de 2026 no está en ella, lo llamó cita apócrifa y exhortó a la abogada

El 6 de noviembre, el magistrado sustanciador de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali resolvió la apelación contra el auto que rechazó una demanda de divorcio presentada por la persona de apoyo de una mujer con discapacidad. Confirmó el rechazo, porque el acuerdo de apoyos solo autorizaba a representarla en un proceso sobre un inmueble y nada dice sobre su voluntad de divorciarse (páginas 4 y 5 del auto).

Al final de sus consideraciones, el auto se ocupó de la apelación misma. La abogada de la demandante había invocado textualmente un extracto que atribuyó a la sentencia T-057 del 18 de marzo de 2026 de la Corte Constitucional, "que resultó no corresponder a la jurisprudencia proferida por la Corporación" (página 6). Esa sentencia resolvió la tutela de una madre contra unas entidades pensionales para que se la reconociera como persona de apoyo de su hijo, y el auto dice que, "al cotejar el texto oficial se advierte que el fragmento transcrito por la recurrente es una cita apócrifa" (página 7). Para el tribunal, esa inconsistencia "deja al descubierto el probable uso de inteligencia artificial para la elaboración del memorial sin la debida verificación", y para fundar el deber de verificar transcribe el AC739-2026 de la Corte Suprema (página 7). El uso de la herramienta queda como probable, en palabras del propio tribunal, y no como un hecho probado.

En la parte resolutiva, el magistrado exhortó a la abogada para que, cuando use herramientas de inteligencia artificial en sus escritos, verifique que las citas correspondan "a decisiones y disposiciones reales, verificables y pertinentes" (ordinal tercero, página 8). No impuso multa ni remitió copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

En el Consejo de Estado, la Sección Cuarta dio por acreditado que un ciudadano sin abogado citó dos sentencias que no existen, y descartó la temeridad porque la ley exige que la cita sea deliberadamente inexacta y no se probó que supiera que eran inexistentes

El 29 de octubre, la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió en primera instancia la tutela de un ciudadano que litigaba sin abogado contra una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre su acceso a los documentos de otros aspirantes de un concurso de méritos. Le dio la razón por un defecto sustantivo y ordenó al tribunal decidir de nuevo (numerales 1 a 3 de la parte resolutiva, página 19 de la sentencia).

La Sala advirtió que el accionante había citado como de la Corte Constitucional providencias "y apartes de ellas que no existen" (página 16). La Secretaría General de la Corte informó que en sus registros no se encontraron las sentencias SU-133 de 2018 y T-456 de 2015, y las dos que el ciudadano invocó después para corregir la cita existen pero no contienen las reglas que les atribuyó. Como el defecto por desconocimiento del precedente presupone una regla que exista, la Sala negó el amparo en ese punto (página 16 y numeral 4). El accionante reconoció que usó una herramienta de inteligencia artificial generativa para redactar la tutela.

La Sala no lo sancionó. El numeral 6 del artículo 79 del Código General del Proceso presume la temeridad cuando se hacen citas "deliberadamente inexactas", y "en el expediente no obra prueba de que el accionante conociera la inexistencia de las providencias al presentar la demanda". Tuvo en cuenta además que el accionante no es abogado y que reconoció de manera espontánea el uso de la herramienta. La Sala agregó que el estándar de verificación de las providencias que reseñó para los abogados, entre ellas el AC739-2026, "no puede trasladarse con el mismo rigor a un ciudadano que actúa sin apoderado en la acción de tutela", y concluyó que "no hay lugar a declarar la temeridad ni a imponer sanción" (páginas 17 y 18). En cambio, le hizo un llamado de atención para que verifique la información que le entreguen esas herramientas antes de llevarla a sus escritos (numeral 5, página 19). La sentencia tiene un salvamento parcial de voto, cuyo texto no viene con ella, y declara en una nota al pie que el despacho ponente usó Microsoft 365 Copilot solo para una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto que el funcionario ya había elaborado (nota 7, páginas 19 y 20).

El registro colombiano llega a 54 casos constatados, la línea del AC739-2026 suma dos providencias y un juzgado de Bogotá pidió copia de seis decisiones que no pudo corroborar

Los dos casos llevan la cuenta a 54 casos constatados, uno por proceso: 47 de las partes o sus apoderados y 7 de jueces, constatados por el tribunal o la corte que revisó la actuación. Sus fichas entraron al observatorio el 9 y el 10 de noviembre. Siguen 17 casos posibles, fuera de la cuenta. Con el auto de Cali y otro de Bogotá, ambos del 6 de noviembre, son 39 las providencias de 28 despachos de tribunales y juzgados que aplican en su propia voz el AC739-2026 en el archivo de esta revista, frente a 37 de 26 despachos la semana anterior.

El de Bogotá es un auto del Juzgado Cuarenta y Ocho Civil Municipal. Antes de resolver una reposición, el juez le pidió al apoderado de la parte demandante copia íntegra de cuatro sentencias de la Corte Suprema, una providencia del Consejo de Estado y un auto que invocó en su recurso, "comoquiera que consultadas las fuentes jurisprudenciales disponibles, no fue posible corroborar la existencia y contenido de dichas decisiones en los términos expuestos por el recurrente". Le advirtió además que, si se establece la utilización deliberada de citas inexistentes, inexactas o descontextualizadas, evaluará las medidas de los artículos 79 a 81 del Código General del Proceso, en concordancia con el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 y con los criterios del AC739-2026. El auto no afirma todavía que las decisiones no existan, y con el criterio del registro es un caso posible. Su ficha no ha entrado al observatorio, de modo que no está en la cuenta de 17 posibles, y se sigue la decisión de la reposición.

En la misma semana entraron al observatorio otras cinco providencias de tribunales y juzgados que tratan la herramienta sin constatar una cita inexistente. En Ibagué, un juzgado laboral negó una tutela porque la única constancia de que la entidad recibió la petición era un resumen generado por Gemini (p-t158). En Cartagena y en Pereira, una sala laboral y un juzgado laboral respondieron a partes que atribuían a la inteligencia artificial defectos de una audiencia y de una providencia. La sala de Cartagena rechazó de plano la nulidad y, sobre la herramienta, dijo que la parte no explicó cómo su presunto uso en la audiencia de primera instancia habría afectado el debido proceso (p-t159), y el juzgado de Pereira dijo que la corrección de una providencia debe examinarse a partir de sus fundamentos "y no de apreciaciones sobre su estilo de redacción" (p-t163). En Tunja, un juzgado laboral ordenó traducir con inteligencia artificial, y con control humano previo, las comunicaciones de una prueba dirigida a una sociedad extranjera (p-t160). En Pasto, un juzgado civil municipal no tuvo por acreditada la valla de un proceso de pertenencia con unas fotografías que no coincidían entre sí, aclaró que esas diferencias no permiten afirmar por sí solas que las imágenes fueran alteradas y advirtió al apoderado que debe obrar con especial diligencia cuando prepare documentos con herramientas de inteligencia artificial o de edición digital (p-t161). Ninguna de las cinco entra en la cuenta del registro.

Una revista jurídica española, Economist & Jurist, dedicó el 12 de noviembre un artículo a un auto colombiano que el registro ya tenía, el del 26 de mayo de 2026 en que la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó un recurso extraordinario de unificación porque las providencias que lo fundaban, tal como se citaron, "no fueron encontradas ni corresponden a decisiones reales" (p-18, página 10). El artículo destaca la nota al pie en que el despacho cuenta cómo usó Claude. En esa nota (29, página 10 del auto), el despacho explica que el cuadro de esas providencias lo elaboró Claude después de que el propio despacho las consultara directamente y extrajera sus datos, y que se corroboró que la imagen coincidiera con esa información.

En Argentina una Cámara del Trabajo remitió al Tribunal de Disciplina el memorial con precedentes que no encontró, en la India se anuló una orden de Aduanas que según la empresa citaba dos sentencias inexistentes y en Andalucía el presidente del tribunal superior habló de cuatro o cinco casos

Microjuris Argentina publicó el 6 de noviembre la sentencia del 25 de agosto de 2026 de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en un proceso por despido. El primer voto dijo que la Cámara, tras buscar en su jurisprudencia, "no ha logrado localizar ninguno de los precedentes invocados por la quejosa en su memorial de agravios", identificó dos de ellos como inexistentes, dejó a salvo que pudieran existir y no haber sido hallados, y dijo que la circunstancia "puede ser atribuida al uso irreflexivo de herramientas de inteligencia artificial". Los otros dos jueces votaron por enviar las piezas al colegio de abogados, y la parte resolutiva ordenó extraer copias certificadas del memorial de apelación y remitirlas al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, para que determine si hubo una conducta sancionable. No hubo multa.

Según LawChakra (7 de noviembre), el Tribunal Superior de Bombay anuló el 30 de octubre, con el consentimiento de las dos partes, una decisión del Comisionado de Aduanas de Mumbai y le devolvió el asunto para que decida de nuevo. La empresa demandante alegó que la decisión aduanera se apoyaba en dos sentencias de la Corte Suprema de la India que no figuran en ningún repertorio y que parecían producidas por una inteligencia artificial, y había pedido copia de ellas sin recibirla. El propio medio advierte que el tribunal no hizo ninguna constatación sobre cómo se redactó la orden, porque la anuló por consentimiento. Lo que hace notable el caso es que las citas cuestionadas venían de una autoridad administrativa, y no de un abogado.

Según Málaga Hoy (10 de noviembre), el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla dijo en unas jornadas jurídicas en Málaga que en la comunidad se han detectado cuatro o cinco casos en que se citaban resoluciones judiciales que no existen, que se ha abierto información a varios jueces sin que se trate de expedientes disciplinarios terminados, y que también se han hallado referencias a sentencias inexistentes en escritos de la Fiscalía y de abogados. La nota no identifica ningún caso.

La actualización del registro mundial sumó 22 casos, entre ellos el de la fiscal británica y la orden de presentar un escrito a mano en Florida que esta revista contó la semana pasada

La base AI Hallucination Cases, de Damien Charlotin, se actualizó el lunes 9 de noviembre y llegó a 2.286 casos, la cifra de la pestaña Internacional. Frente a la versión anterior crece en 22 casos y corrige la fecha de un caso que ya tenía, de un tribunal federal de California (decía 26 de noviembre de 2026 y ahora dice 26 de octubre). Son 15 de Estados Unidos, 5 de Canadá, uno del Reino Unido y uno de la India, con decisiones fechadas del 22 de abril al 6 de noviembre de 2026. Ninguno es de Iberoamérica, que sigue con 74 registros, y Colombia sigue con 3. El 14 de noviembre la página de la base decía 2.292 casos, con una actualización del 12, y la copia de esta revista sigue siendo la del 9.

Once de los 22 son de personas que litigan sin abogado y nueve de abogados. Los otros dos son el de la autoridad aduanera de la India, que la base registra en la columna de los jueces, y el de un perito de Canadá, cuyo informe médico atribuyó dos artículos científicos a autores y revistas que no eran los suyos, según la base. Entre los de abogados está el de la fiscal de la Fiscalía de la Corona que, según contó esta revista la semana pasada con The Guardian, citó un precedente que no existe en un proceso de menores, y entre los de personas sin abogado, el de la jueza federal de Florida que ordenó a un demandante presentar a mano su escrito de oposición, que esta revista contó con Reason.

La base anota advertencias o amonestaciones en 6 casos, una orden de justificar la conducta en uno, una suma en 3 (una multa de 5.000 dólares de un tribunal de apelación de California, del 6 de noviembre, la única decisión de la semana, una multa de 1.000 dólares canadienses a un litigante sin abogado en la Corte Superior de Quebec y una condena en costas de 8.000 dólares canadienses en la Columbia Británica) y en 9 no anota resultado. Marca sanción profesional en 2: la multa de California, con remisión al colegio de abogados, y un caso de Kansas del 22 de abril en que el tribunal redujo a la mitad los honorarios reconocidos y remitió al abogado al colegio. Esta revista no abrió esas decisiones: los resultados son los que anota la base.

La cuenta de Colombia vale para lo leído del portal y de las cortes, y la del mundo para lo que la base anota

Los barridos del portal de Publicaciones Procesales de la semana trajeron 379 documentos distintos que esta revista no tenía, y se leyeron 164 en los lotes del 6, el 9, el 10 y el 12 de noviembre, los más fuertes de cada día con un tope de 40 por selección (el 9, con las piezas de dos comprimidos). La lectura tuvo huecos que conviene decir. Lo que no se lee un día vuelve en la lista del siguiente, y al cierre del 12 quedaban 210 documentos sin leer, en su mayoría series de autos con la misma nota sobre la revisión ortográfica con Copilot. Las listas del sábado 7 y el domingo 8 quedaron incluidas en la del lunes 9. El 9 de noviembre quedó a medias el término "declaración de transparencia". El 10 el portal cortó la conexión y once de sus 26 términos quedaron a medias o sin leer, entre ellos "inteligencia artificial", "jurisprudencia inexistente" y "sentencias inexistentes". El 11 el barrido no terminó y no dejó lista. El 12 quedó sin leer "inteligencia artificial". De las altas cortes, el 9 de noviembre no respondieron la Corte Suprema ni la Superintendencia de Sociedades, el 10 y el 11 quedó cada día un documento por revisar y, salvo la sentencia de la Sección Cuarta que este informe recoge, las providencias que la búsqueda diaria del Consejo de Estado trajo cada día quedaron en la bandeja para leer. Dos providencias del 6 y el 9 de noviembre que entraron al observatorio el 13 quedan para la próxima edición. Por todo eso, las cifras colombianas son un mínimo para lo leído, y una providencia de la semana que constate una cita inexistente puede aparecer en los barridos siguientes.

Las providencias del registro se leyeron en su texto oficial. El auto de Cali (ocho páginas) se leyó completo. De la sentencia del Consejo de Estado, de veinte páginas, se leyeron los antecedentes, el apartado sobre el uso de la inteligencia artificial generativa (páginas 16 a 18) y la parte resolutiva con sus notas (páginas 19 y 20), y se buscaron en todo el texto las menciones de la herramienta, de las citas y de la temeridad. El auto de Bogotá (dos páginas) se leyó completo. Las decisiones nuevas de la base de Charlotin no se abrieron, y sus resultados son los que la base anota.

Las noticias son las que entraron a esta revista del 6 al 12 de noviembre y tratan de citas que no existen. Las de Microjuris Argentina, LawChakra y Málaga Hoy se leyeron completas en su fuente para este informe. La de Economist & Jurist se leyó solo en su parte abierta, porque el resto es de suscriptores, y de ella el informe toma únicamente lo que coincide con el auto del Consejo de Estado, que se leyó. Se leyeron también y no entran la de Veredictum sobre un juez federal de Texas, porque no habla de citas inexistentes, la de The National Law Review, porque analiza una decisión de junio de un tribunal federal de Nueva York, la de Local Government Lawyer sobre un informe de políticas del Nuffield Family Justice Observatory, y una columna de Zona Cero, que es de opinión.