Un protocolo modelo para las facultades de derecho pone primero el aprendizaje con la inteligencia artificial y contrasta con datos siete mitos sobre su uso

Esta revista publica hoy la versión 1.0 del protocolo de referencia para que los estudiantes de derecho aprendan con la inteligencia artificial. Son trece cláusulas redactadas como norma, listas para que una facultad de derecho de Colombia o de cualquier otro país las adopte, con espacios marcados para lo que cada una debe decidir. Su fin primero es promover un uso responsable de la IA de tal forma que el estudiante aprenda, y las reglas sobre declaración, evaluación y faltas quedan al servicio de ese fin. Cada cláusula lleva tres notas: los documentos que la inspiran, con enlace a su ficha en la pestaña Academia, el reparo que corrige y el estudio o el dato que la sostiene. El protocolo abre con siete mitos sobre la IA en la universidad, contrastados con los datos. Se publica con licencia Creative Commons Atribución 4.0 y se puede descargar para adoptarlo y completarlo.

La base es el registro de Academia (123 documentos de 25 países y territorios, entre ellos las reglas de veintiuna universidades colombianas y de diecisiete facultades de derecho de otros países), los informes sobre Colombia, el mundo y la evidencia, que lo anunciaron, y los registros del observatorio de la revista.

El protocolo pone el aprendizaje como fin y deja la vigilancia a su servicio

Las reglas leídas suelen hacer lo contrario. En Colombia, veinte de las veintiuna universidades con reglas leídas completas en el registro le piden al estudiante declarar su uso de la IA y doce atan consecuencias a lo que haga, mientras solo tres le imponen formarse, sin fijarle un curso con fecha e intensidad, dos nombran las herramientas que le ofrecen y una sola, el Rosario, se compromete a medir cada año el efecto en el aprendizaje. Afuera, diez de las diecisiete facultades de derecho de otros países se inclinan por vigilar y ninguna se inclina por enseñar en todos sus documentos. Varias reglas anuncian un propósito formativo y dedican su articulado al control. Los lineamientos del Externado dicen que la universidad admite y promueve la IA, y ordenan a sus profesores "diseñar contenidos y métodos de evaluación que permitan identificar el uso indebido de la IA" (p. 15).

El protocolo invierte ese orden. Su artículo 1 fija el objeto en el aprendizaje del derecho y de su oficio, y el artículo 2 promueve los usos que ayudan a aprender (explicar, preguntar, practicar, dar retroalimentación, simular casos) y limita los que sustituyen el trabajo que el curso evalúa.

Siete mitos que inspiran muchas reglas universitarias no se sostienen con los datos leídos, y el protocolo dice cuánto pesa la evidencia en cada uno

Que la IA impide aprender: en un colegio de Turquía, practicar con GPT-4 sin salvaguardas bajó un 17 por ciento la nota del examen sin ayuda y un tutor que daba pistas evitó ese daño (Bastani y otros, PNAS, 2025), y en un curso de física de Harvard un tutor construido con la pedagogía del curso logró una ganancia mediana de más del doble que la clase activa (Kestin y otros, Scientific Reports, 2025), en ambos casos con resultados de corto plazo. Que prohibirla protege el aprendizaje: ninguno de los estudios leídos compara una prohibición general con otra regla, y en una encuesta británica de 2026 el 94 por ciento de los estudiantes dice usar la IA para ayudarse en trabajos evaluados (HEPI y Kortext, p. 4). Que los detectores prueban el uso: en un estudio piloto, siete detectores marcaron como escritos por IA, en promedio, el 61,22 por ciento de unos ensayos humanos de hablantes no nativos de inglés (Liang y otros, 2023, publicado en Patterns), en una prueba a ciegas los correctores de una universidad británica no marcaron el 94 por ciento de los trabajos escritos por IA (Scarfe y otros, PLOS ONE, 2024, p. 1) y esta revista no halló ningún detector validado con textos en español. Algunas universidades lo reconocen en sus propias reglas: el Consejo de Gobierno de la Complutense acordó en 2025 que esas herramientas "no son fiables, y no se espera que lo sean a medio plazo" (p. 3).

Que usar IA equivale a plagio: las reglas leídas que tratan el plagio lo atan a presentar como propio lo que no se declaró, y en la encuesta británica el 12 por ciento dice haber incluido texto generado directamente en un trabajo evaluado (p. 14), una parte del uso que crece. Que los estudiantes ya saben usarla: ningún estudio leído mide esa destreza, el 68 por ciento la considera esencial y el 48 por ciento siente que sus profesores le ayudan a desarrollarla (p. 31), y en dos experimentos de laboratorio quienes tuvieron la herramienta creyeron haber aprendido más de lo que aprendieron (Lehmann y otros). Que basta con dar acceso a una herramienta: en un ensayo con 2.379 estudiantes de la Universidad de Maryland (Liu y otros, 2026), un documento de trabajo sin revisión por pares, el 14,63 por ciento usó el asistente que se le ofreció y el 73,8 por ciento de los pedidos buscaba respuestas directas. Que la IA no tiene lugar en el trabajo jurídico: según sus resúmenes oficiales, dos ensayos con estudiantes de derecho encontraron que la herramienta aceleró el trabajo y, en el más reciente, mejoró su calidad, aunque ninguno de los resúmenes informa una prueba posterior sin IA. El protocolo responde a cada mito con una cláusula y dice cuándo la evidencia es delgada.

La cláusula que más cambia la vida del estudiante es la que rige cuando el profesor calla

Siete de las veintiuna universidades colombianas con reglas leídas completas no dicen qué rige cuando el programa del curso calla: los Andes, Areandina, la Católica, Ibagué, la Libre, UNIMINUTO y el Norte. La cartilla para estudiantes de la Libre llena el vacío del lado de la abstención: "Ante la duda, no asumas el nivel más permisivo: pregunta primero." (p. 17), y la Santo Tomás, en su seccional Tunja, condiciona todo uso a la autorización del docente. Afuera, siete de las diecisiete facultades de derecho de otros países prohíben por defecto la IA en el trabajo evaluado, entre ellas Leiden, la Sorbona, Berkeley y Duke.

El artículo 3 toma la fórmula de la Guía Ética de la Facultad de Derecho de la Católica de Chile, que autoriza, a falta de prohibición expresa, "aquellas actividades que no sustituyan la labor intelectual del alumno" (art. 1, p. 1), y la distinción de Stanford entre usar la IA para aprender y presentar como propio lo que ella genera. La regla por defecto de Columbia Law School se aplica "To the extent that a faculty member does not communicate an alternative" (sección 4) y llega al mismo punto: el estudiante puede usar la IA para aprender, investigar y apoyar la escritura de su propio texto, y no para el análisis jurídico que la tarea evalúa ni en los exámenes. Michigan Law School escribe la suya como una tabla por actividad que empieza por el estudio. El estudiante puede estudiar con la IA sin declarar nada, puede usarla en sus trabajos para lo que no sustituye su labor intelectual (ideas, fuentes que luego verifica, esquemas, revisión de su propio texto) con una declaración breve, y trabaja sin ella en las evaluaciones aseguradas. El artículo 4 obliga a que cada actividad diga por escrito qué función puede cumplir la IA, en cinco niveles ordenados por función, publicados antes de que empiece el periodo o con la anticipación mínima que fije la facultad, como en Monash, y con una lista de los cursos que se apartan de la regla por defecto, como la que enlaza la política de Michigan.

El artículo 6 dispone que cada curso diga qué parte de la nota se gana en evaluaciones aseguradas (presenciales, orales o supervisadas) y reserva la prohibición para ellas, como pide Singapur. El artículo 7 deja sin efecto todo porcentaje de un detector. La Resolución 15 de la Libre declara que la detección "es orientativa, no determinante" (p. 5) y le fija franjas de acción y un umbral del 40 por ciento antes de autorizar la sustentación del trabajo de grado, y la San Buenaventura reconoce que los detectores solo dan indicios mientras dispone que "Se fomentará el uso de software de detección de IA en textos" (p. 17). Para la universidad que conserve la herramienta, los lineamientos de Turnitin de la PUCP muestran un uso formativo, en el que el docente lee los reportes para mejorar la escritura del estudiante, y el protocolo no le da efecto a ningún porcentaje, tampoco a los que esos lineamientos dejan fijar a cada unidad académica (p. 6). El protocolo adopta la regla de Singapur, para la cual esos veredictos "are not admissible as evidence in a disciplinary process to charge a student with academic dishonesty or as justification to penalize student work" (p. 4), con la garantía que la propia Libre ya tiene: ningún proceso disciplinario empieza solo con el reporte del detector.

La universidad también se obliga: forma, da herramientas y mide si se aprende

El artículo 8 hace obligatorio en el primer año un módulo de uso responsable de la IA en el derecho (verificar fuentes, proteger datos, evaluar lo que produce la herramienta, escribir primero sin IA y después con ella), como el curso de escritura jurídica de Chicago. Las tres universidades colombianas que le imponen al estudiante formarse, Icesi, UNIMINUTO y el Tolima, no le fijan un curso con fecha e intensidad, y el protocolo pone primero la obligación de la facultad: mientras no le haya ofrecido ese módulo, las faltas menores del estudiante se atienden solo con medidas formativas. El artículo 11 obliga a la facultad a dar a todos, sin costo, herramientas con protección de datos y las herramientas jurídicas de su biblioteca, como la herramienta jurídica que Sídney da a todos sus estudiantes de derecho. El artículo 13 manda medir el aprendizaje con un piloto con grupo de comparación y una prueba final sin IA.

El artículo 12 gradúa las faltas en tres conductas (la omisión formal que se subsana, el uso fuera de la regla que no sustituye la labor intelectual y el fraude de autoría), pone la carga de la prueba en la institución y resuelve a favor del estudiante la duda sobre qué regla regía. Corrige reglas como la de Leiden, que llama fraude a cualquier uso no permitido, o la de la Antonio Nariño, que evalúa "caso por caso" un uso indebido que no define (p. 5).

El oficio entra al protocolo por la verificación de las fuentes y por el consultorio jurídico

Ninguna de las reglas colombianas leídas trata lo que distingue a esta disciplina. El artículo 9 hace de la verificación un deber que se enseña: toda norma, decisión judicial y cita se coteja en su fuente antes de entregarse, la IA puede ayudar a encontrar una fuente y la verificación la hace el estudiante, y la cita inexistente se responde por sí misma, sin presumir que se usó IA. Se apoya en el auto AC739-2026 de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, del 13 de febrero de 2026, dictado por una magistrada de la Sala al declarar la temeridad de un apoderado que citó jurisprudencia inexistente, que esta revista sigue en su observatorio: "Verificar antes de citar no es, pues, apenas una práctica recomendable: es un deber profesional" (p. 23). Corrige los permisos del Externado y de la San Buenaventura para verificar citas con la IA, y la presunción de Stanford, de Cape Town y de Berkeley, que ante una cita inexistente le invierte al estudiante la carga de la prueba.

El artículo 10 lleva la IA al consultorio o clínica jurídica con supervisión, con los datos de las personas atendidas solo en herramientas que la universidad haya contratado con garantías, con la meta de Chicago de formar estudiantes que trabajen con IA y sin ella para clientes reales, y con la regla de clínicas de Columbia, que trata como confidencial toda la información del cliente salvo instrucción expresa del profesor o del supervisor. Para Colombia, la nota de la cláusula remite a la Ley 2113 de 2021, que no menciona la IA y ya protege la confidencialidad de la información de quienes acuden al consultorio (artículo 3, numeral 10) y exige garantizar la confidencialidad y la trazabilidad de la atención virtual (artículo 13). En otro país, la facultad completa el espacio con su propio régimen.

Cada facultad decide lo suyo en los espacios marcados, y el protocolo propone un punto de partida

El texto marca con [a completar por cada universidad] las decisiones locales, como el órgano que lo adopta, la parte mínima de la nota que se asegura, las herramientas que se ofrecen y el régimen de datos del país, y una tabla al final propone un punto de partida para cada una. Cuando la universidad ya tiene una regla general, la facultad adopta el protocolo en lo que esa regla permite y propone a la universidad el ajuste de lo demás.

El protocolo se armó con lo que la revista ya leyó, y declara lo que queda por leer

El corte es el 17 de octubre de 2026, y las citas se cotejaron letra por letra contra los documentos oficiales bajados y las páginas web oficiales, leídas ese día. Veintiocho documentos entraron al registro ese mismo día, después de una verificación independiente campo por campo, y dos pautas en borrador de la Facultad de Comercio, Derecho y Gestión de la Universidad del Witwatersrand quedaron fuera porque no consta que un órgano las haya adoptado. Los dos ensayos con estudiantes de derecho se citan por su resumen oficial, y los documentos solo confirmados (como el marco de Cape Town o el aviso de Stellenbosch), por lo que dicen sus páginas oficiales. El protocolo trae al final las referencias completas de los estudios. No se consultó con ninguna universidad. Lo preparó esta revista con asistencia de inteligencia artificial, pasó por una verificación independiente y su declaración de uso va al final del documento, como su numeral 13.4 pide a toda facultad que lo adopte.