Las reglas de doce facultades de derecho de otros países apenas organizan la enseñanza con la inteligencia artificial, pero casi todas dicen qué rige cuando el profesor calla y ninguna la mide en porcentajes

Esta revista leyó las reglas de inteligencia artificial de doce facultades de derecho de otros países y las puso al lado de las de las catorce universidades colombianas del informe anterior, con la misma vara. Son las de Harvard, Stanford, Chicago, Toronto, Leiden, Ámsterdam, la Sorbona, Hong Kong, la Católica de Chile, la Autónoma de Madrid, Cape Town y Lima, casi todas entre las mejor ubicadas de la tabla de Derecho de QS 2026. La comparación deja un hallazgo que corrige una intuición: la distancia con Colombia no está en lo que las reglas organizan para enseñar con la IA, que falta casi igual en los dos lados. Solo Chicago lleva la formación en IA a un curso que todos sus estudiantes de primer año del J.D. deben tomar, solo dos nombran en sus reglas la herramienta que ponen a su alcance, ninguna fija una medición institucional de si con ella se aprende más y ninguna se inclina por enseñar en todos sus documentos (de los dos documentos de Chicago, solo su declaración lo hace). La distancia está en tres puntos. Once de las doce dicen qué rige cuando el profesor calla, frente a ocho de las catorce colombianas. Ninguna mide la IA en porcentajes, mientras en Colombia lo hacen tres universidades. Cuatro tienen reglas que tocan el oficio jurídico (la responsabilidad profesional, las clínicas, los datos de los clientes o la habilitación para ejercer), y en lo revisado ninguna colombiana las tiene.

El informe sobre las reglas de IA de las universidades colombianas mostró que esas reglas son más precisas para vigilar el uso de la IA que para enseñar con ella. Fuera de Colombia pasa lo mismo, y con más fuerza: contadas por facultad, siete de las doce se inclinan por vigilar y ninguna por enseñar en todos sus documentos, mientras en Colombia solo tres de las catorce universidades se inclinan por vigilar en todos los suyos. Por eso este informe toma de cada facultad lo que sirve en lugar de proponer un modelo entero, señala lo que conviene corregir y deja las piezas para el protocolo de referencia que esta revista prepara para las facultades de derecho. La comparación es para aprender, no para ordenar universidades. Cada documento tiene su ficha en la pestaña Academia, con la cita de su regla central y su fuente oficial.

Las doce facultades tienen regla propia, y en Colombia la regla la pone la universidad entera

Las doce reglas las expidieron las propias facultades de derecho, o las publican ellas para sus estudiantes. Harvard tiene la suya en la sección V.C de su manual de políticas académicas 2026-2027, Toronto en la sección 51 del manual del programa JD, Stanford en una política académica de su oficina de asuntos estudiantiles, Chicago en dos documentos, la sección 4.9 de su manual del estudiante, sobre la IA generativa, y la declaración "Rethinking Legal Education in the AI Era", del 9 de julio de 2026, y Leiden en unos principios que aprobó la junta de la facultad y publicó en su página para estudiantes. La École de droit de la Sorbonne, de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (en adelante, la Sorbona), la tiene en su carta de usos. En América Latina están la Guía Ética de la Facultad de Derecho de la Católica de Chile y la guía del estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, que redactaron seis estudiantes y aprobó el Consejo de Facultad. Completan el grupo la comunicación de Amsterdam Law School a sus estudiantes de maestría, la política de la Facultad de Derecho de Hong Kong, el formulario y el anexo de declaración del trabajo de fin de grado de la Autónoma de Madrid y los lineamientos de la Faculty of Law de Cape Town.

Según el registro de la pestaña, las doce obligan, con dos salvedades: los lineamientos de Cape Town tienen en blanco la fecha de su aprobación, y la declaración de estrategia de Chicago obliga solo en lo que adopta como regla. En Colombia, en cambio, ninguna facultad de derecho tiene regla propia en lo revisado, y de las catorce universidades seis tienen un texto que obliga y ocho uno que se presenta como orientación, entre ellas las tres mejor ubicadas en QS (los Andes, el Externado y el Rosario). Que la regla sea de la facultad importa por una razón práctica: es la más indicada para hablar del oficio que se enseña, como se verá más adelante. Obligar, en cambio, no es mejor por sí mismo. Siete de las doce reglas se inclinan por vigilar el uso de la IA.

Once de las doce dicen qué rige cuando el profesor calla, aunque se dividen entre permitir y prohibir

La regla que más hace falta, porque se aplica cada vez que el profesor calla, es la que las facultades de fuera casi siempre tienen. Once de doce dicen qué puede hacer el estudiante cuando el programa del curso no dice nada. Solo Hong Kong lo deja abierto. En Colombia lo fijan ocho de las catorce universidades.

Lo que fijan no es lo mismo. Seis facultades permiten y cinco prohíben. Harvard parte de una equivalencia: la IA se puede usar en cursos y exámenes "in the same way in which one may rely on and engage with: (a) other persons and (b) non-artificial intelligence technologies" (p. 71), de modo que vale para estudiar y discutir ideas y queda prohibida durante el examen y para incorporar su texto al trabajo. Chicago sigue la misma idea en su manual. En el trabajo que se entrega prohíbe todo uso que sería plagio si la IA fuera una persona, aunque se atribuya, y admite la lluvia de ideas y la revisión del propio texto. En el examen prohíbe la IA, pero no al estudiar para él (sección 4.9). Su declaración de 2026 le suma, como piloto para 2026-2027, la prohibición de dispositivos en las clases de primer año. Stanford traza la línea entre aprender y entregar: "In the absence of a course-specific AI policy set by the instructor, students may use generative AI tools to support their learning and to aid in the development or refinement of their own ideas, provided they do not use such tools to generate content that is then presented as their own work." La Católica de Chile autoriza "aquellas actividades que no sustituyan la labor intelectual del alumno, tales como la traducción, generación de imágenes y otras funciones análogas" (art. 1), y Lima y la Autónoma de Madrid permiten listas de usos de aprendizaje o auxiliares. El anexo de la Autónoma de Madrid pide además al estudiante explicar, por cada finalidad, cómo verificó los resultados de la IA, y declarar que no introdujo datos personales ni información confidencial.

En la otra orilla están Leiden ("If your lecturer says nothing about using AI, you are not allowed to use it"), Toronto, donde usar la IA en un trabajo escrito calificado sin instrucción escrita del profesor "constitutes the use of an unauthorized aid and is an offence under the Code" (sección 51), la Sorbona, que exige que todo trabajo para el diploma se haga sin IA generativa salvo autorización (p. 2), Ámsterdam y Cape Town, donde lo que los lineamientos no cubren se entiende no permitido (p. 1). Leiden acompaña su regla con una buena razón pedagógica: quien aprende primero sin IA puede juzgar después lo que la IA produce.

La línea entre unas y otras es más delgada de lo que parece. Stanford exige permiso para usar la IA al redactar o revisar el trabajo que se entrega y Harvard para incorporar a él lo que la IA produjo, y Ámsterdam, Toronto, Leiden, la Sorbona y Cape Town limitan su prohibición al trabajo evaluado o entregado (Leiden, a los trabajos escritos que se hacen fuera de un entorno supervisado), Cape Town con una lista de usos permitidos (ideas, términos de búsqueda, esquemas, gramática, formato de referencias). Lo que las separa es si el texto autoriza expresamente los usos de estudio. Una prohibición por defecto formulada en términos generales, como la del anuncio de Leiden para docentes ("If no explicit instructions are provided, the use of AI is not permitted"), puede alcanzar usos de estudio que no se evalúan, como pedirle a la herramienta que explique un concepto antes de clase, justo el uso que la declaración de Chicago no quiere desalentar. En lo revisado, esta revista no halló ningún estudio que muestre que la prohibición general proteja el aprendizaje.

Hay además un caso que enseña por contraste. La Universidad Paris 1, en su página de orientación, le dice al estudiante que sí puede usar la IA en el marco académico ("Oui, je peux utiliser"), con cuidado y diciendo que la usó, y su École de droit fija que el trabajo para el diploma se hace sin ella, salvo autorización. El estudiante de derecho recibe dos mensajes que la carta de su facultad no concilia, y la regla mejor es que la facultad diga cómo se relaciona su regla con la de la universidad y por qué se aparta de ella.

La regla que conviene tomar combina dos piezas. La de la Católica de Chile, que autoriza lo que no sustituye la labor intelectual del alumno, y la distinción de Stanford entre el estudio y el producto que se entrega. La prohibición queda para la evaluación que se puede asegurar, como pide la política de la National University of Singapore: "If the decision is that students should be forbidden from using AI tools for an assessment (for pedagogical reasons), then crucial aspects of that assessment should be conducted in person and under instructor supervision, to ensure that students do not access those tools" (p. 3).

Ninguna mide la IA en porcentajes, y las reglas de universidad que hablan del detector se dividen entre sacarlo de la prueba y usarlo como alerta

En Colombia, Manizales fija un tope del 30 por ciento de contenido generado por obra, la San Buenaventura clasifica los trabajos por rangos de intervención de la IA y pide un porcentaje autodeclarado, y la Libre da efectos a las franjas del detector y a un umbral del 40 por ciento en los trabajos de grado. Ninguna de las doce facultades mide la IA en porcentajes.

En los documentos leídos, las doce callan sobre las herramientas de detección. Hong Kong ordena a sus profesores detectar de forma activa el mal uso de la IA, sin nombrar herramientas. El tema aparece en reglas de universidad, y ahí las posiciones se dividen: de las veintitrés leídas completas, cinco lo dejan fuera o lo desaconsejan, cinco lo admiten con algún efecto y trece callan. La National University of Singapore declara que los veredictos de estas herramientas "are not admissible as evidence in a disciplinary process to charge a student with academic dishonesty or as justification to penalize student work" (p. 4). King's College London decidió no habilitar el porcentaje de detección de IA de Turnitin por dudas sobre su confiabilidad y el riesgo de falsos positivos, según su guía actualizada en abril de 2025. McGill y la Pontificia Universidad Católica de Chile, en su sitio de docencia, los desaconsejan, esta última porque "su confiabilidad no ha sido demostrada y un falso positivo puede generar un gran impacto", y el centro de enseñanza de Yale no los respalda. Fuera de las leídas completas, según sus páginas oficiales, la Universidad de Toronto no respalda los detectores, la Universidad de Cape Town no apoya su uso y Stellenbosch apagó el de Turnitin: "All staff and students should note that, as of 1 January 2026, the Turnitin AI writing detection plugin has been officially disabled throughout SU." En la otra orilla, Sídney usa el puntaje de Turnitin como una prueba más, nunca la única, la UNSW como alerta para revisar el trabajo y Pretoria muestra su indicador a los profesores.

Dos casos muestran lo que conviene evitar. La Facultad de Derecho de la Complutense recomienda a sus profesores un detector comercial gratuito y lo llama "esencial para verificar la autoría de trabajos de alumnado: TFG, TFM, etc.", lo que además supone subir trabajos de estudiantes a un servicio externo. La Singapore Management University, con su protocolo DRIVE, pasa el trabajo por Turnitin y, por encima del 20 por ciento, por un segundo detector, y propone preguntarle al estudiante "Are you able to explain why your detection tool output score is so high?", una pregunta que parte del puntaje como un hecho que él debe explicar, aunque el mismo marco advierte que la detección no debe ser el eje de la evaluación y permite dar al estudiante el beneficio de la duda.

Dos facultades buscan otra señal, y también ahí hay algo que corregir. Stanford dispone que "Citations to sources that do not exist will raise a presumption of generative AI use", y Cape Town va más lejos: la cita inventada es prueba de facto del uso de IA y deja sin nota todo el trabajo, "unless the student can prove otherwise" (p. 1). En derecho la cita que no existe es grave con o sin IA, y la presunción desvía la discusión hacia el medio y le invierte al estudiante la carga de la prueba. La regla mejor es sancionar la cita inventada por sí misma, como falta de verificación, con audiencia y consecuencia proporcionada, y probar aparte el uso de la IA. Para el resto, la regla que conviene tomar es la de Singapur: el veredicto del detector no se admite como prueba de una falta ni como razón para bajar una nota, y la autoría se establece con el proceso (borradores, registros, una conversación o una sustentación). La Resolución 15 de la Libre ya tiene en Colombia la garantía que sostiene ese camino: ningún proceso disciplinario puede iniciarse solo con el reporte del detector.

Las que mejor certifican lo aprendido aseguran una parte de la evaluación en vez de vigilar el texto

Tres facultades fijan condiciones para que el examen se haga sin IA. Chicago lleva los exámenes de primer año al aula: "examinations will be in-class without access to the internet, electronic files, or apps", como piloto en 2026-2027. Harvard prohíbe consultar la IA sobre la materia durante el examen (p. 72), prohíbe libros, notas y dispositivos en el examen presencial salvo permiso del profesor (p. 70) y presenta algunos exámenes de alta seguridad solo en la facultad y con vigilancia (pp. 69 y 70). Toronto usa un software que impide entrar a internet, a la mensajería y al disco del computador (sección 30). Chicago agrega una pieza que vale para cualquier facultad: "all students will be required to engage in an oral discussion of their SRP with their supervising professor, in an in-person setting", es decir, una conversación presencial sobre el trabajo de investigación, que sirve a la vez para comprobar la autoría y para ejercitar una destreza del oficio. La Católica de Chile (art. 6) y Cape Town (p. 2) prevén un oral de verificación a pedido.

Fuera de las doce hay modelos más completos. La Facultad de Derecho de University College London, en un documento de discusión de sus profesores, relata una política de evaluación asegurada de buena parte de cada curso: "At UCL Laws, we have a policy that between 50-100% of every taught module, both undergraduate and postgraduate, is assessed securely, that is, in a way that can guarantee that AI does not substitute for the skills or knowledge acquisition being evaluated" (p. 9). Sídney separa las evaluaciones abiertas, donde la IA se puede usar, de las seguras, donde no, y Auckland trabaja con dos carriles del mismo tipo.

En los documentos colombianos leídos, la evaluación sin IA aparece como exclusión de los exámenes (el Rosario, la Antonio Nariño, la San Buenaventura y la UNAB) o como ejemplo de actividad: Icesi propone una prueba oral en la que el estudiante expone un tema sin apoyo de IA, la UNAB recomienda exámenes orales y debates, y la Libre pone las sustentaciones orales en su nivel sin IA. Ninguno de esos documentos fija qué parte de la nota se gana sin la herramienta. La regla que conviene tomar es la de asegurar una parte definida de la evaluación (presencial, oral o supervisada) y dejar la otra abierta a la IA con declaración. Con eso la prohibición deja de depender del detector y el estudiante sabe de antemano qué se mide sin la herramienta.

Cuatro facultades ya ligan sus reglas al oficio jurídico, y en Colombia el consultorio sigue fuera

La diferencia más propia de una facultad de derecho está en el oficio, y las cuatro facultades que lo tocan lo hacen de maneras distintas. Stanford somete la IA a la responsabilidad profesional en todo curso que implique representar clientes: "In coursework that involves attorney client representation, providing legal advice or services, or that would otherwise constitute the practice of law, AI use must meet all applicable rules of professional responsibility", y su regla de autorización nombra el trabajo de clínica y la generación de citas. La Sorbona explica la prohibición de introducir datos personales con el ejemplo del estudiante de la clínica jurídica que le entrega a la IA el caso de un comerciante (p. 5), y la de transmitir datos confidenciales con el expediente de abogado que confía un profesor (p. 6). Chicago está dotando a sus clínicas de herramientas de IA, y cada una prepara su política para asegurar la exactitud de los escritos judiciales, con esta meta: "the goal is to ensure that all students in clinics are working both with AI and without AI for real clients in real practice settings." Su manual exige además que todo uso de IA respete la política de la universidad sobre información confidencial, una preocupación que considera "most salient in the clinical context" (sección 4.9). Harvard llega al oficio por la habilitación para ejercer: sus sanciones disciplinarias constan en el certificado de notas y se informan, ante solicitud pertinente, a las juntas estatales de examen de abogacía (p. 97), y su regla de uso de las bibliotecas, que hace al usuario responsable de sus herramientas de IA, prevé el reporte a los organismos de licencia profesional (p. 112). La UCL Laws suma esa razón a su rechazo del detector: sus falsos positivos pesan demasiado cuando los reguladores de la profesión exigen revelar las faltas académicas del aspirante (pp. 9 y 12).

Una universidad dio un paso más. "All University of Sydney Law School students have access to Harvey AI, a legal-specialist AI tool used across the profession", y pueden usarla en sus estudios y evaluaciones. Es el caso más explícito entre lo leído, porque la regla de la universidad lo dice y autoriza su uso en las evaluaciones. El borrador de guía de la Allard School of Law de la University of British Columbia menciona además que sus estudiantes tienen acceso a Lexis+ AI y Westlaw Edge.

En Colombia ninguna de las reglas leídas trata el consultorio jurídico. La base legal para hacerlo ya existe: la Ley 2113 de 2021 dispone que los miembros del consultorio no pueden revelar ni utilizar la información de quienes solicitan sus servicios sin autorización escrita, salvo para evitar un delito (artículo 3, numeral 10), y obliga a las instituciones a implementar herramientas tecnológicas para el consultorio y, en la atención virtual, a garantizar la confidencialidad y la trazabilidad de la atención prestada (artículo 13). Las piezas que conviene tomar son la sujeción de Stanford a la responsabilidad profesional, la meta de Chicago de clínicas con y sin IA y los ejemplos de la Sorbona sobre los datos de los clientes. Hay que tomarlas mejoradas. Harvard y Chicago dejan a cada clínica su política de uso (el manual de Harvard sin nombrar la IA, p. 56, y Chicago con políticas de IA que cada clínica prepara). Chicago ya fija un mínimo común sobre información confidencial, y la regla de la facultad debería fijarlo también para la verificación de citas.

Tampoco fuera se organiza la enseñanza con la IA: la formación, las herramientas y la medición faltan casi igual que en Colombia

Una de las doce facultades lleva la formación del estudiante en IA a un curso obligatorio, frente a ninguna de las catorce universidades colombianas. Chicago la pone en el curso de escritura jurídica de primer año, que según su manual cursan todos los estudiantes de primer año del J.D. y cuyo programa "must also include instruction in the responsible, effective, and ethical use of AI", con una idea que vale citar entera: "Our approach will treat writing without AI as the foundation and will layer writing with AI onto it." Entre las reglas de universidad leídas, solo Auckland exige a todos sus estudiantes nuevos un curso de integridad académica que incluye un módulo sobre IA.

Dos de las doce facultades nombran en sus reglas la herramienta que ponen al alcance de sus estudiantes: Ámsterdam, con la UvA AI Chat de la universidad, que funciona dentro de su entorno y no comparte los datos, y Chicago, que remite a PhoenixAI y Claude Enterprise, herramientas de la universidad, para la información privada o sensible. En Colombia lo hacen dos universidades, los Andes y la UNAB. Fuera de las reglas, las bibliotecas de Harvard, Stanford y Toronto ya ofrecen a sus estudiantes herramientas jurídicas con IA (Lexis+ con Protégé en las tres, y en Stanford además Westlaw con CoCounsel y, previa solicitud, Harvey y Legora), pero las reglas de esas facultades no las nombran. Esa oferta no se cuenta, porque la comparación se hizo sobre las reglas y esta revista no revisó lo que ofrecen las bibliotecas colombianas. Las reglas de universidad leídas ofrecen más que las de las doce facultades: Edinburgh da a todos sus estudiantes acceso gratuito a varios modelos por una puerta segura, la UNSW y Helsinki dan Copilot, y Sídney suma Harvey para derecho.

Ninguna de las doce fija una medición institucional de si con la IA se aprende más. Chicago promete revisar sus políticas con profesores, estudiantes y egresados, sin indicadores. En Colombia, el Rosario es la única universidad que se compromete a evaluar cada año el efecto de la IA en el aprendizaje. Es el punto de la comparación en que la ventaja colombiana es más clara, y merece decirse. Colombia también pide declarar el uso más que las doce facultades (trece de catorce frente a nueve de doce), aunque esa declaración, como mostró el informe anterior, tiende a volverse trámite.

Por eso la pregunta de fondo con que esta revista lee cada documento (si está hecho para enseñar con la IA o para vigilar su uso) da un resultado más severo afuera. Contadas por facultad, siete de las doce se inclinan por vigilar (Harvard, Toronto, la Sorbona, Hong Kong, la Católica de Chile, la Autónoma de Madrid y Cape Town) y cinco mezclan ambas cosas (Stanford, Leiden, Ámsterdam, Lima y Chicago, cuya declaración de 2026 se inclina por enseñar y cuyo manual mezcla ambas cosas). La asimetría que el informe anterior encontró en Colombia no es una particularidad colombiana: estas doce facultades, casi todas entre las mejor ubicadas, también precisan más lo que vigilan que lo que enseñan.

Lo que también conviene corregir: el fraude sin gradación y las declaraciones que se vuelven trámite

Varias reglas extranjeras castigan igual conductas de gravedad distinta. Leiden califica como fraude cualquier uso no permitido ("If you use AI in a way that is not allowed, it will be considered fraud"). Hong Kong trata la omisión de declarar un uso que el profesor sí permitió igual que el plagio. La Autónoma de Madrid hace firmar al estudiante que marca que no usó IA que "no ha utilizado la Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo en ningún sentido", cuando la IA ya está en correctores, buscadores y procesadores de texto, y tiene la falta de veracidad por fraude académico. Toronto da por cometida la falta cuando el estudiante debía razonablemente saber, aunque los procesadores de texto traen hoy funciones generativas que no siempre se reconocen como tales. Stanford exige declaración previa y autorización escrita incluso para "fixing citation format".

La regla mejor ya está en textos de la misma muestra. Hong Kong prevé una respuesta educativa antes de la académica (de ordinario, reescribir y volver a entregar con una penalidad), Singapur garantiza que declarar un uso no se penaliza (p. 6), y el máster de Derecho de la Universidad de Salamanca excluye de la declaración el corrector ortográfico y el formato básico y dispone que los informes de detección "tendrán carácter meramente indiciario". La gradación que el informe anterior propuso para Colombia (una omisión formal que se subsana no es lo mismo que presentar como propio un trabajo que hizo la máquina) vale también para ellas.

Lo que Colombia puede tomar de cada una alcanza para las primeras cláusulas del protocolo de referencia

La comparación deja a las facultades colombianas tareas concretas, y ninguna exige inventar nada. La primera, que cada facultad de derecho tenga su propia regla, porque es la más indicada para hablar del oficio. La segunda, una regla escrita para cuando el profesor calla, con la fórmula de la Católica de Chile y la distinción de Stanford, y la prohibición reservada a la evaluación que se puede asegurar, como en Singapur. La tercera, ningún porcentaje con efectos y el detector fuera de la prueba, como en Singapur, con la cita inventada sancionada por sí misma y no como presunción. La cuarta, una parte definida de la evaluación sin IA y una conversación presencial sobre el trabajo de investigación, como en Chicago. La quinta, un capítulo del oficio: responsabilidad profesional como en Stanford, clínicas con y sin IA como las que prepara Chicago, datos de clientes como en la Sorbona y, sobre esa base, el consultorio jurídico con la Ley 2113 de 2021.

Lo que ninguna de las doce facultades hace todavía es nombrar en sus reglas herramientas jurídicas para sus estudiantes (aunque varias de sus bibliotecas ya las ofrecen) y medir si con la IA aprenden más. Solo Chicago hace de la formación en IA parte de un curso obligatorio. En esos tres puntos Colombia puede adelantarse en lugar de copiar, y un primer paso es una regla que nombre las herramientas que la biblioteca de la universidad ya ofrece y diga para qué se usan. El compromiso del Rosario de medir cada año el aprendizaje, la herramienta jurídica para todos los estudiantes de derecho de Sídney y el curso de Chicago, que enseña a escribir primero sin IA y luego con ella, son el punto de partida.

Este informe deja escritas, como propuesta de esta revista, las dos primeras cláusulas del protocolo de referencia. La primera, para cuando el profesor calla: el estudiante puede usar la IA para estudiar, comprender, practicar y recibir retroalimentación, y en las tareas que no sustituyan su labor intelectual, con una declaración breve cuando el uso llegue al trabajo que entrega, y no la usa en las evaluaciones que el curso haya señalado como aseguradas. Se inspira en la Católica de Chile, Stanford y Singapur. La segunda, para la evaluación y el detector: cada curso dice desde el comienzo qué parte de la nota se gana en una evaluación asegurada (presencial, oral o supervisada) sin IA, y ningún reporte de un detector es prueba de una falta ni razón para bajar una nota, porque la autoría se establece con el proceso del estudiante (borradores, registros y una conversación con el profesor). Se inspira en Chicago, la UCL Laws y Singapur. Cada cláusula llevará en el protocolo a la regla que la inspira y al estudio que la sostiene.

La comparación cubrió doce facultades de derecho leídas completas, con corte al 9 de octubre de 2026

Entraron al centro las facultades de derecho del registro de la pestaña Academia cuyo documento se leyó completo: Harvard (puesto 1 en la tabla de Derecho de QS 2026), Stanford (5), Chicago (12), Toronto (18), la Sorbona (19), Hong Kong (20), Leiden (23), Ámsterdam (36), la Católica de Chile (38, empatada), la Autónoma de Madrid (84, empatada), Cape Town (101 a 150) y Lima, que no figura en la tabla. Se contó por facultad, juntando sus documentos (Toronto, dos para la fila y uno de admisión aparte, Chicago dos, Leiden dos y la Autónoma de Madrid dos), con los mismos ocho rasgos del informe sobre Colombia. Las cifras colombianas son de reglas de toda la universidad y las extranjeras de reglas de facultad. En herramientas y detectores, lo que una facultad calla puede estar en la regla de su universidad, y por eso esas reglas se citan aparte.

Algunas celdas dependen de un criterio que la matriz de trabajo explica. Harvard se cuenta con regla del oficio por la conexión de sus sanciones con la habilitación para ejercer (p. 97) y por su regla de uso de las bibliotecas, que alcanza las herramientas de IA (p. 112), aunque su manual no trata la IA en la clínica. Con un criterio que exija una regla de IA sobre la clínica, Harvard no contaría y el total bajaría a tres. Harvard se cuenta sin deber de declarar porque solo pide citar el resultado de la IA cuando el profesor autoriza usarlo como fuente (p. 72). Chicago se cuenta con regla por defecto por la de su manual (sección 4.9), que rige en el examen y en el trabajo que se entrega cuando el profesor no fija otra, y con formación obligatoria porque su manual hace obligatorio para todos los de primer año del J.D. el curso de escritura jurídica (secciones 1.1 y 2.14) y su declaración manda que ese curso enseñe el uso de la IA. Chicago se cuenta con consecuencias porque el núcleo de su política es aplicar las políticas de integridad académica existentes, como el Rosario en el informe anterior. La regla por defecto de la Autónoma de Madrid rige en el trabajo de fin de grado, que es lo que regulan sus dos documentos. La Autónoma de Madrid, Cape Town, Leiden y Lima traen deberes generales de verificar fuentes o de proteger datos que no se contaron como regla del oficio. Las herramientas se cuentan cuando la regla las nombra, como en el informe anterior, y no por la oferta de las bibliotecas.

Quedaron fuera del recuento, con su razón. Yale y McGill solo tienen, entre lo leído de sus facultades, reglas de admisión: Yale pide al aspirante declarar todo uso de IA en la solicitud y admite usos menores, y McGill le advierte que no se apoye en ella para su ensayo personal. Entre lo leído, la Facultad de Derecho de la Complutense solo tiene la página que recomienda un detector. La Facultad de Derecho de KU Leuven exige un formulario en seminarios y tesis de maestría, pero su código está en archivos que no se leyeron. El máster de Derecho de Salamanca es un programa y no una facultad. El documento de UCL Laws está en el repositorio UCL Discovery y el borrador de Allard en el sitio de la University of British Columbia, y no figuran en la pestaña porque no son reglas adoptadas. El informe de la Faculdade de Direito de la Universidade de São Paulo no es una norma, y las pautas de la facultad de Commerce, Law and Management de Witwatersrand no se leyeron. Las reglas de universidad se usaron como apoyo y no entran en los totales de las doce. Son veintitrés leídas completas, todas en la pestaña (entre ellas las de Singapur, King's College London, McGill, Yale, la Católica de Chile, Sídney, Auckland, Edinburgh, la UNSW, Helsinki, la Singapore Management University, Pretoria, Stanford y Paris 1), y tres solo confirmadas (Toronto, Cape Town y Stellenbosch).

Las doce reglas del centro y las reglas de universidad citadas se leyeron completas en su fuente oficial, salvo tres que solo se confirmaron (las de la Universidad de Toronto, la Universidad de Cape Town y Stellenbosch), de las que se cita lo que dicen sus páginas oficiales. Los PDF se bajaron de los sitios de las universidades, y de las páginas web se leyó su texto oficial, con las citas cotejadas contra la página. Las páginas de Leiden bloquean la lectura automática y se cotejaron en un navegador. Después de hallar la sección 4.9 del manual de Chicago, una búsqueda corta en los sitios oficiales de las otras once facultades leyó páginas web, no abrió ningún PDF y no encontró otras reglas de facultad sin leer. No cargaron la búsqueda del sitio de estudiantes de Leiden ni la página de tecnología de la guía de Cape Town. La búsqueda halló reglas fuera del centro que no cambian las cifras: la de una clínica de Stanford, que en el programa de su curso de la primavera de 2024 no admite por defecto la IA en las tareas de la clínica, y la del instituto de estudios judiciales de la Sorbona (IEJ), que excluye la IA de los trabajos de sus formaciones y desde 2026 pone en marcha un control de las copias para identificar las que pudieron hacerse con ella. La guía de la comisión de exámenes de Leiden sobre el uso no autorizado de la IA es de uso interno, y la normativa de evaluación de la Autónoma de Madrid, que rige en toda la universidad y a la que remiten sus dos documentos, no se abrió. Las páginas de las bibliotecas de Harvard, Stanford y Toronto y las reglas halladas en la búsqueda corta se consultaron el 11 de octubre de 2026. No se leyeron las políticas de tecnología de cada clínica de Harvard (su página general de políticas de clínicas y la de administración de exámenes no mencionan la IA), las pautas de cada maestría de Ámsterdam, la guía de primer año de Derecho de Hong Kong ni las políticas de IA que preparan las clínicas de Chicago. Las reglas propias de las facultades de derecho de Oxford, Cambridge, la London School of Economics, Edinburgh, Melbourne, Sídney, la ANU, la UNSW, Auckland, Helsinki, Sciences Po y la Chinese University of Hong Kong no se hallaron o no se consultaron, y quedaron sin consultar, entre otras, las de Heidelberg, Bocconi, el Instituto Universitario Europeo, Kioto, Pekín y Tsinghua. Las cifras de Colombia son las del informe anterior, que contó catorce universidades con documentos leídos completos. La clase de la pregunta de fondo es una lectura de esta revista que la ficha de cada documento explica, y en Colombia el informe anterior contó documentos y aquí se cuenta por facultad. Para comparar por institución, los dieciocho documentos colombianos se agruparon por universidad con la clase que da la ficha de cada uno: el Externado, la Libre y Manizales tienen todos sus documentos del lado de vigilar.