Pone en conocimiento el proyecto de reglamento, abre una consulta participativa, crea la Comisión de Gobernanza y Uso de IA como autoridad de aplicación y declara que el contenido del proyecto tiene "carácter orientador y no vinculante" hasta su versión definitiva.
En su propio articulado establece que el uso de IA no exime al operador judicial de su plena responsabilidad, le exige un control "sustantivo, efectivo y documentado" de los resultados y prohíbe delegar en una IA la resolución del proceso, la valoración de pruebas o el razonamiento que funda la sentencia.
El proyecto clasifica los sistemas por nivel de riesgo, prohíbe la automatización plena de decisiones jurisdiccionales y exige informar el uso de IA generativa y, cuando incida en decisiones sustanciales, hacer explícitos en el expediente, el documento o la decisión la herramienta, el modelo, el proveedor, la fecha y el uso dado.
"Bajo ninguna circunstancia se podrá delegar en una IA la toma de decisiones judiciales"
art. 7 de la resolución, página 12 del texto oficial