Aprueba lineamientos obligatorios para todos los agentes del Ministerio Público Fiscal en todo el ciclo de vida de las herramientas de IA, que también deben tomar como referencia quienes trabajen con el organismo por convenio o contrato.
Parten de que la IA no puede reemplazar el juicio jurídico, la interpretación normativa ni la toma de decisiones sobre conflictos humanos, exigen supervisión humana significativa, transparencia, explicabilidad y trazabilidad, y disponen que las decisiones judiciales o administrativas automatizadas que valoren conductas humanas no pueden fundarse solo en un perfil informatizado.
Vedan usar la IA como instrumento autónomo sin orientación, interpretación y verificación de los operadores, que siguen siendo responsables de sus decisiones, y exigen validar contra fuentes oficiales los resultados de los sistemas de IA de uso público, sin usarlos como fundamento único de decisión alguna.
Prohíben ingresar información reservada, datos de causas en trámite o datos personales o sensibles en herramientas de IA de acceso público hasta que se regule su uso individual, clasifican los usos por riesgo (prohíben la vigilancia masiva en tiempo real, la manipulación del comportamiento y la calificación social, y someten los de riesgo alto a autorización formal del Programa de IA) y piden evaluación de impacto, pruebas controladas y soberanía de los datos en las contrataciones.
La resolución encarga además a la Dirección General de Capacitación y Escuela diseñar e implementar un programa permanente de capacitación práctica y aplicada en IA.
"ESTABLECER la prohibición de ingresar información reservada o de actuaciones de causas en trámite, datos personales y/o sensibles en modelos o herramientas de IA de acceso público hasta tanto se regule su uso individual en el ámbito de este Ministerio Público Fiscal."
punto III de la parte resolutiva, página 3 del texto oficial