El texto aprobado por el Senado fija normas generales para el desarrollo y el uso de la IA en Brasil con un enfoque por riesgos, prohíbe los sistemas de riesgo excesivo (como los que evalúan rasgos de personalidad para predecir delitos o reincidencia, la puntuación social por el poder público y las armas autónomas), autoriza al Poder Ejecutivo a establecer el Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, coordinado por la Autoridade Nacional de Proteção de Dados, y prevé multas de hasta 50 millones de reales por infracción.
Para la justicia califica de alto riesgo los sistemas que auxilien a las autoridades judiciales en la investigación de los hechos y la aplicación de la ley cuando haya riesgo para las libertades individuales y el Estado democrático de derecho (excluye los que auxilian actos y actividades administrativas), y dispone que el juez invierta la carga de la prueba en la responsabilidad civil cuando la víctima sea hiposuficiente o la prueba le resulte excesivamente onerosa.
Regiría 730 días después de su publicación, con reglas que entrarían antes, como las prohibiciones, a los 180 días.
"administração da justiça, no que se refere ao uso de sistemas que auxiliem autoridades judiciárias na investigação dos fatos e na aplicação da lei (…) excluindo-se os sistemas que auxiliem atos e atividades administrativas"
art. 14, inciso VI, página 10 del texto oficial. En portugués, como está en el original