Medidas con el índice de un estudio español, las reglas de IA de las universidades colombianas quedan a la par de las de España: son más firmes en lo institucional y tienen por desarrollar la evaluación, el trabajo de grado y, como en España, las herramientas que ofrece la universidad

Esta revista midió las reglas de inteligencia artificial de las universidades colombianas con la misma vara con que un estudio español midió las de España. El estudio, publicado el 30 de septiembre de 2026 en la Revista de Educación y Derecho, creó un índice que le da a cada documento de 0 a 3 puntos en doce dimensiones (de 0 a 36 en total) según cuánto procedimiento trae: si solo menciona un asunto, si da pautas aplicables o si fija un procedimiento, un modelo, un responsable o una consecuencia. Con ese índice, que el estudio publicó con licencia abierta, esta revista codificó los 29 documentos colombianos y los 15 españoles del registro de la pestaña Academia, con una segunda codificación independiente para comprobar que la vara se aplicó igual. El resultado es que las reglas colombianas llegan al nivel de las españolas. Quedan a la par en el total (22,79 sobre 36 por documento en Colombia y 20,60 en la España del registro, con la misma mediana de 22), y la diferencia está en el perfil. Las colombianas son más firmes en lo institucional, porque la mayoría nombra quién las aplica (18 de 29) y fija su seguimiento o su revisión (21 de 29), y tienen por desarrollar cómo se evalúa cuando hay IA, qué rige en el trabajo de grado y, como en España, con qué herramientas de la universidad se trabaja.

La medición sigue la pregunta de los informes anteriores de esta línea. El de las reglas de IA de las universidades colombianas halló que son más precisas para vigilar el uso de la IA que para enseñar con ella. El índice español, que mide otra cosa con otro método, llega a un lugar parecido por su propio camino: las dimensiones en que las reglas colombianas tienen más puntaje son las de la institución (quién expide, a quién se aplica, quién forma y hace seguimiento), y las de menos puntaje son el trabajo de grado y las herramientas de la universidad (0,76 cada una) y, después, la evaluación (1,07).

El índice mide cuánto procedimiento trae cada documento, y esta revista lo aplicó con una segunda codificación de control

El estudio, de Sarka Sánchez Soriano Hess, María Pilar Flores Asenjo y María Concepción Parra Meroño, censó las 99 universidades oficiales de España, halló documentación pública sobre la IA generativa en 72 y puntuó 320 documentos. Su índice, el IGO-GenAI, tiene doce dimensiones: la autoridad institucional, el alcance y los destinatarios, la definición de la IA generativa, los usos permitidos o prohibidos, la declaración, la citación, la evaluación, los trabajos de fin de grado, de máster y las tesis, la integridad y las sanciones, la privacidad, los datos y la propiedad intelectual, las herramientas de la propia universidad, y la formación, el soporte y el seguimiento (tabla 4). En cada una, 0 es que no hay evidencia, 1 una mención general, 2 pautas aplicables y 3 un procedimiento, una plantilla, un protocolo, un ejemplo, un responsable, una herramienta, una consecuencia o un seguimiento (tabla 3).

Esta revista escribió un libro de códigos a partir de esas dos tablas, con reglas para aplicarlas de modo uniforme, y lo usó en todos los documentos del registro que tenían texto completo disponible. Cada punto se apoya en un pasaje copiado del documento con su página, y un programa comprobó que los 544 pasajes de las dos codificaciones estuvieran letra por letra en la página indicada. Una segunda codificación, hecha a ciegas sobre diez documentos sorteados, coincidió con la primera, antes de cualquier ajuste, en el 85 por ciento de las celdas, con un kappa ponderado de 0,88, y las dos nunca se separaron por más de un nivel. Los detalles, las exclusiones y los límites están al final.

Colombia y la España del registro quedan a la par en el total, y sus diferencias están en el perfil

El índice medio por documento es de 22,79 sobre 36 en Colombia y de 20,60 en la España del registro, y la mediana es 22 en los dos. La diferencia de dos puntos se debe en parte a una página breve de la Facultad de Derecho de la Complutense que enlaza un detector en línea y suma 4 puntos. Promediando primero los documentos de cada universidad, para que una universidad con varios textos no pese de más, como hace el estudio en su comprobación por universidad, Colombia queda en 22,41 (23 universidades) y España en 22,19 (9 universidades). La franja de 20 a 27 puntos es la más poblada en los dos lados: 17 de los 29 documentos colombianos y 6 de los 15 españoles. El documento colombiano con menos puntaje suma 11.

Las dos selecciones superan la media que el estudio da a los documentos españoles de mayor autoridad u operatividad, 18,71, y más todavía la de todo su corpus, 15,50, que incluye noticias, cursos y biblioguías (tabla 7). Eso es esperable, porque el registro de Academia reúne reglas y no todo lo que una universidad publica. Esa cifra del estudio sirve de referencia y no de término de comparación, porque el estudio y esta revista codificaron documentos distintos, con manos distintas, y el estudio no publica la puntuación de cada documento.

Las cuatro mayores distancias entre los dos lados se reparten por mitades. Dos favorecen a Colombia, la formación y el seguimiento (1,39 puntos de diferencia en la media) y la autoridad institucional (1,02), y dos favorecen a España, los trabajos de grado (0,71) y la evaluación (0,60). Por agrupaciones, Colombia queda por encima en la implementación institucional (7,66 frente a 4,73 sobre 9) y en la gobernanza tecnológica y legal (4,55 frente a 3,67), y por debajo en la evaluación académica (4,24 frente a 5,53) y, por muy poco, en la transparencia y la integridad (6,34 frente a 6,67).

Las reglas colombianas son más firmes en lo institucional: la mayoría nombra quién las aplica y fija su seguimiento o su revisión

La mayor distancia entre los dos lados está en la autoridad institucional (2,48 en Colombia frente a 1,47 en España) y en la formación, el soporte y el seguimiento (2,59 frente a 1,20). En Colombia, 18 de los 29 documentos llegan al nivel 3 de autoridad porque nombran la instancia o el responsable que los aplica, y 25 de los 29 quedan en 2 o 3. La Resolución Rectoral 81 de 2025 de la Universidad del Norte, por ejemplo, adopta los lineamientos y crea en su artículo segundo un comité de implementación "como una instancia asesora y de coordinación en iniciativas de evaluación integral, actualización e implementación de los lineamientos en IA de la Universidad del Norte" (p. 1). En la España del registro, 10 de los 15 documentos quedan en 1 en esa dimensión, porque son guías, páginas de facultad o de máster, formularios o una política, sin acto de adopción ni unidad que responda por ellos.

Lo mismo pasa con el seguimiento. Veintiuno de los 29 documentos colombianos nombran una instancia que resuelve consultas, un responsable o un seguimiento, o fijan su propia revisión periódica. Las orientaciones del Rosario dicen que "la Dirección de Educación Digital implementará un proceso de revisión periódica de estas orientaciones para garantizar su pertinencia y efectividad" (p. 22). En España, seis de los quince documentos no dicen nada sobre formación, soporte ni revisión. En el censo español la formación es la dimensión con más puntaje (2,62), aunque allí la evidencia incluye los cursos y los recursos de apoyo que el estudio contó entre sus documentos.

La evaluación y el trabajo de grado son lo que las reglas colombianas tienen por desarrollar frente a las españolas, y hoy los resuelven pocas universidades

En la evaluación, Colombia tiene una media de 1,07 frente a 1,67 de España, y 16 de los 29 documentos colombianos no dicen nada sobre cómo cambia la evaluación cuando el estudiante tiene la IA a la mano. Los seis que llegan al nivel 3 son de cuatro universidades: los tres de la Libre (la Resolución 15 y sus dos cartillas), la San Buenaventura, la Piloto y los lineamientos de uso pedagógico de Icesi. Las orientaciones de la Piloto lo dicen con claridad para el escenario en que la IA se usa como tutor: "la evaluación debe fundamentarse en la sustentación oral, la defensa argumentativa y la capacidad del estudiante para debatir críticamente los contenidos" (p. 11). En España, diez de los quince documentos tratan la evaluación y seis llegan a 3, como la guía de la Universitat de València, que obliga al estudiante a defender oralmente, a pedido del profesor, cualquier trabajo que haya presentado para una actividad evaluable (p. 5).

En el trabajo de grado la distancia es mayor, aunque aquí la selección cuenta. Diecinueve de los 29 documentos colombianos no mencionan el trabajo final y cuatro más lo nombran sin regla propia. Los seis que llegan a 3 son otra vez los tres de la Libre, la San Buenaventura, la Piloto y la Circular Normativa 002 de 2025 de la Santiago de Cali, que regula solo los trabajos de grado. La política de la San Buenaventura muestra lo que pide el nivel 3: "En los trabajos de grado y documentos de investigación en los que se haya aplicado IA, los estudiantes deben diligenciar la declaración de uso de IA (Anexo 2)" (p. 28), y su anexo 1 es una rúbrica institucional para evaluar el uso de la IA en los trabajos de grado (p. 32). El lado español tiene más puntaje en esta dimensión (1,47) en buena parte porque cuatro de sus quince documentos son reglas propias del trabajo de fin de grado o de máster. El censo español, que mira todo el sistema, halló que los trabajos finales están entre lo menos desarrollado (0,84).

Juntas, la evaluación, los usos permitidos y el trabajo final forman la agrupación que el estudio llama evaluación académica, y es la agrupación en que Colombia queda por debajo con más diferencia (4,24 frente a 5,53 sobre 9).

En la declaración, la citación y las sanciones los dos lados se parecen

En lo que se le exige al estudiante para que su uso de la IA sea transparente, los dos lados casi coinciden: la declaración tiene 2,17 en Colombia y 2,13 en España, la citación 1,97 y 2,13, y la integridad y las sanciones 2,21 y 2,40. El subíndice de transparencia e integridad queda en 6,34 y 6,67 sobre 9. En Colombia, 28 de los 29 documentos se pronuncian sobre la declaración y 28 sobre la integridad. Nueve documentos colombianos y siete españoles llegan al nivel 3 en la declaración, porque traen un modelo o fijan qué pasa cuando no se declara.

Las herramientas de la universidad y la práctica jurídica tienen poco lugar en los dos países, y en Colombia los detectores aparecen con límites como prueba

Quince de los 29 documentos colombianos y diez de los quince españoles no dicen qué herramientas de IA pone la universidad a disposición de su comunidad, con medias de 0,76 y 0,53. Dos documentos colombianos llegan a 3. Las orientaciones de la UNAB traen una tabla de "Herramientas de IA de acceso institucional y uso académico" (p. 7), con Gemini for Education, NotebookLM y Copilot, entre otras, y los lineamientos de uso responsable de Icesi dicen que la universidad cuenta con licencias de herramientas de IA generativa y que, antes de proponer la compra de otra, se considera primero una de ellas (p. 3).

La práctica jurídica no es una dimensión del índice español, que mira las universidades en general, y esta revista la midió aparte con la misma escala, sin sumarla al total. Ningún documento de los 44 regula la práctica jurídica como tal. El más cercano es la cartilla de la Libre para estudiantes, que le pide no escribir en un chat de IA su nombre completo junto con datos sensibles, "ni los de un compañero, un profesor o un paciente/usuario si haces prácticas" (p. 22). Es una regla de confidencialidad para quien hace prácticas, sin referencia expresa a la práctica jurídica ni al consultorio. Ninguno de los quince documentos españoles trae una regla así, en parte porque solo tres son de una facultad de derecho.

Los detectores tampoco son una dimensión del índice, y esta revista los midió aparte. Aparecen en diez documentos colombianos y en cinco españoles. En Colombia los diez llegan al nivel 3, porque fijan un límite al valor del detector como prueba o el procedimiento que sigue a un reporte. Las orientaciones de la Piloto establecen que "la sola sospecha de uso de IA o el resultado de una herramienta de detección no constituyen, por sí solos, prueba suficiente de la falta" (p. 8), y los lineamientos de los Andes advierten que "Las herramientas para la detección de texto sintético actualmente disponibles no son fiables" (p. 21).

El índice mide lo que dicen los documentos, no lo que pasa en las aulas

El índice mide la operacionalización documental, como advierte el propio estudio: no mide si las reglas se cumplen, si funcionan ni qué efecto tienen en la docencia y en el estudio. Un documento con 30 puntos puede aplicarse poco y uno con 15 puede convivir con una práctica cuidadosa. La comparación describe qué trae cada documento y no ordena universidades: sirve para ver qué piezas faltan y dónde están resueltas.

Las medias por dimensión del estudio son de todo su corpus, con 55 noticias, cursos y jornadas entre los 320 documentos, y el estudio no las publica por nivel de autoridad. Por eso la figura las muestra solo como referencia. La privacidad, por ejemplo, tiene 0,81 en el censo y 2,07 en Colombia, pero esa distancia no se puede atribuir a los países.

La medición cubrió 44 documentos con su texto oficial completo, con corte al 5 de noviembre de 2026

**Documentos.** Entraron los 45 documentos colombianos y españoles del registro de la pestaña Academia, con corte al 5 de noviembre de 2026. Se codificaron 44, todos con su texto completo de fuente oficial. Treinta y tres textos ya estaban en el expediente del registro. Los otros once se tomaron el 5 de noviembre del sitio oficial de cada universidad, de su repositorio institucional o de su guía de biblioteca: las páginas web se leyeron completas y los PDF se bajaron y se archivaron con su dirección, su fecha y su huella. Entre ellos están el Reglamento Académico de Pregrado de EAFIT, que es la norma que contiene la falta por desatender las directrices sobre la IA (artículo 120 c), y el Acuerdo 502 de 2025 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia con los lineamientos que adopta. Quedó fuera la Instrucción de evaluación de 2023 de la Universitat Pompeu Fabra, cuya única copia oficial está en una sede electrónica que exige una verificación de navegador que esta revista no sortea.

**Codificación.** El libro de códigos de esta revista aplica las tablas 3 y 4 del estudio con once reglas: se codifica el documento completo con sus anexos y plantillas, cada punto se apoya en un pasaje literal con su página, el nivel 3 exige un elemento operativo propio de la dimensión, mandar o recomendar no cambia el nivel, ante la duda se pone el menor, y en una norma general que trata la IA en algunas disposiciones solo cuentan esas disposiciones y las que las gobiernan. La primera codificación se hizo en cuatro lotes, cada uno con documentos de los dos países para que el lote no se confundiera con el país, y la hicieron agentes de inteligencia artificial que recibieron el mismo libro de códigos y los mismos textos, con la instrucción de no leer el registro ni las fichas de esta revista. La redacción de esta revista revisó los cuatro lotes y fijó una sola lectura en dos reglas que se habían leído de dos maneras: definir la IA en general sin definir la generativa vale 1 en la definición, y la sanción por desatender las reglas de uso cuenta en la integridad y no en los usos. Cinco celdas cambiaron por esa armonización, con constancia en cada archivo. Uno de los agentes vio en la carpeta compartida los totales que otros lotes ya habían dejado, y dice que no ajustó los suyos.

**Control.** Otro agente codificó a ciegas diez documentos sorteados con semilla fija, entre ellos cuatro españoles y uno escaneado, sin ver la primera codificación. Antes de cualquier ajuste, las dos coincidieron en el 85 por ciento de las 120 celdas de las doce dimensiones, con un kappa ponderado de 0,88, y esa es la medida independiente. Ninguna dimensión quedó por debajo del 70 por ciento de coincidencia exacta, que era el umbral para repetir su codificación, y la definición de la IA generativa y la citación quedaron justo en 70. La armonización de las dos reglas, decidida después de ver la segunda codificación, cambió dos celdas de la muestra (la definición en Tolima y en la Circular 001 de la Santiago de Cali), y con ella la coincidencia sube al 86,7 por ciento, con un kappa de 0,90. La Resolución 15 de la Libre cayó en el sorteo y es a la vez un ejemplo del libro de códigos en dos dimensiones, lo que puede subir un poco la coincidencia en ellas. Todos los pasajes de las dos codificaciones se cotejaron por programa contra el texto, y las palabras partidas por un guion al final de línea se leyeron unidas.

**Límites.** El registro no es un censo: reúne las reglas de las universidades colombianas con programa de derecho que esta revista halló y leyó, y en España las de las universidades con Derecho en la clasificación QS de 2026 que esta revista revisó, con cuatro reglas de trabajo de grado entre quince. La Libre aporta tres documentos al lado colombiano, todos con más de 30 puntos, y por eso se informa también la media por universidad. Once documentos colombianos tienen páginas escaneadas, que se leyeron con reconocimiento óptico, y el estudio dice que no lo aplicó de forma sistemática, de modo que sus documentos escaneados pudieron puntuar más bajo. La matriz del estudio, con la puntuación de cada documento, solo se entrega a pedido, y esta revista no la pidió, de modo que ningún documento español se comparó uno a uno con la puntuación del estudio. La matriz de esta revista, con cada pasaje y su página, y el libro de códigos se conservan en el expediente del informe.