Propone promover la implementación regulada de herramientas tecnológicas e informáticas en salud y de accesibilidad física y logística en zonas rurales, dispersas o de difícil acceso.
Autorizaría a los actores del sistema de salud a implementar sistemas de inteligencia artificial como herramienta de soporte, sujetos a la reglamentación del Ministerio de Salud y Protección Social sobre estándares mínimos de uso seguro (clasificación de riesgos, validación clínica, trazabilidad de decisiones, auditoría periódica, protección de datos, prevención de sesgos algorítmicos, supervisión humana significativa, responsabilidad por fallas y mecanismos de reclamación y explicación al usuario).
Prohibiría que una decisión automatizada, por sí sola, niegue servicios, suspenda tratamientos, modifique prescripciones médicas, priorice negativamente a pacientes, excluya tecnologías en salud o sustituya el criterio del profesional tratante, haría prevalecer el juicio clínico sobre cualquier resultado de sistemas de IA o algoritmos y exigiría la validación y la firma del médico tratante en la lectura de exámenes con herramientas tecnológicas.
"En ningún caso una decisión automatizada podrá, por sí sola, negar servicios, suspender tratamientos, modificar prescripciones médicas, priorizar negativamente pacientes, excluir tecnologías en salud o sustituir el criterio del profesional tratante."
art. 4, inciso 3, página 5 del texto oficial